(Libertad Digital) El diario que dirige pedro J. Ramírez relata este domingo que "las denuncias anónimas de particulares contra empresas que no usan el catalán se han disparado en la Agencia Catalana de Consumo y las Oficinas de Garantías Lingüísticas". Desde 1998, y tras la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol, tienen la obligación de atender a sus clientes en catalán y rotular y facilitar los folletos informativos en este mismo idioma.
Este año la Generalidad de Cataluña ha recaudado algo más de 80.000 euros. Se han disparado las delaciones y los expedientes sancionadores. La información recoge que el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, dependiente del independentista Josep Huguet, reconoce que "las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos".
Consumo y las oficinas de "garantías lingüísticas", que facilitan la denuncia "por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente y garantizan la confidencialidad", han recibido 928 reclamaciones en el primer semestre del año. En todo 2004 recibieron 797 en una clara tendencia al alta. En 2003, se recibieron 783 y en 2002 fueron 505.
Denuncias anónimas e inspecciones
Además de estas denuncias anónimas, la Generalidad también lleva a cabo inspecciones, que se han disparado un 400 por ciento. Si se detecta incumplimiento de la ley se abre un expediente que podría culminar en una multa. Hay 90 en proceso de tramitación que podrían aportar a las arcas autonómicas otros 90.000 euros más.
El Mundo recoge que "la mitad de las reclamaciones se refiere a establecimientos que no tienen señalización y rotulación en catalán. Otro 44 por ciento se interpone por carencias en la documentación y las hojas informativas que se suministran a los comercios y por establecimientos que no disponen de ejemplares en catalán. Sería el caso, por ejemplo, de restaurantes que no tienen las cartas en este idioma. El 5 por ciento restante reclama porque el personal de tiendas, bares o restaurantes no le ha atendido en catalán, pero estas conductas no son sancionables y sólo se pueden tramitar como una queja.