LD (EFE) Así lo indicaron fuentes conocedoras de esta operación, quienes confirmaron que, desde 1999, este crédito, previa autorización de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ejecutivo, se somete a dos prórrogas cada año, una en mayo y otra en diciembre.
Hasta el momento, el sindicato UGT no ha podido cancelar este crédito, que se suscribió en 1993 por un montante de 76,3 millones de euros a favor de la gestora IGS para hacer frente al expediente de suspensión de pagos abierto contra ella y para resarcir a los cooperativistas de los perjuicios de la paralización de las viviendas de la PSV.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado. Precisamente este jueves, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Decreto Ley que permite la devolución a UGT de este supuesto patrimonio que el sindicato asegura le fue incautado durante la Dictadura, y que está valorado en 151 millones de euros , cantidad suficiente para cancelar este pago.
Al saldar este crédito, según fuentes del propio sindicato, UGT terminaría sus cuentas pendientes por la mala gestión de la PSV, ya que también se depositó en la Audiencia Nacional los 300.000 euros que reclamaban una quincena de cooperativistas. Estos perjudicados fueron los únicos que no se acogieron a la suspensión de pagos de PSV, no recibieron un préstamo del ICO y tampoco accedieron a una vivienda de otras promociones, las tres fórmulas ofrecidas para solucionar el colapso de la promotora. En octubre de 2003, hace más de dos años, una sentencia del Tribunal Supremo consideró que IGS y PSV eran lo mismo que UGT.
Hasta el momento, el sindicato UGT no ha podido cancelar este crédito, que se suscribió en 1993 por un montante de 76,3 millones de euros a favor de la gestora IGS para hacer frente al expediente de suspensión de pagos abierto contra ella y para resarcir a los cooperativistas de los perjuicios de la paralización de las viviendas de la PSV.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado. Precisamente este jueves, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Decreto Ley que permite la devolución a UGT de este supuesto patrimonio que el sindicato asegura le fue incautado durante la Dictadura, y que está valorado en 151 millones de euros , cantidad suficiente para cancelar este pago.
Al saldar este crédito, según fuentes del propio sindicato, UGT terminaría sus cuentas pendientes por la mala gestión de la PSV, ya que también se depositó en la Audiencia Nacional los 300.000 euros que reclamaban una quincena de cooperativistas. Estos perjudicados fueron los únicos que no se acogieron a la suspensión de pagos de PSV, no recibieron un préstamo del ICO y tampoco accedieron a una vivienda de otras promociones, las tres fórmulas ofrecidas para solucionar el colapso de la promotora. En octubre de 2003, hace más de dos años, una sentencia del Tribunal Supremo consideró que IGS y PSV eran lo mismo que UGT.