El Congreso aprueba el "decretazo" del Gobierno para devolver supuestos bienes incautados a la UGT

L D (Agencias)  El texto, que modifica en favor de UGT la cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado aprobada en 1986, responde a una norma que el Ejecutivo ha querido actualizar como consecuencia de la documentación depositada en distintas instituciones –incluido en Banco de España– conocido tras el levantamiento del secreto en 1998. Sin embargo, este texto contó con la abstención del diputado socialista Antonio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex secretario general de CCOO, quien ya con anterioridad había comunicado a la dirección del PSOE su intención de no apoyar la convalidación de esta iniciativa.

El Congreso de los Diputados también rechazó, por 161 votos en contra y 144 votos a favor, que esta iniciativa se tramite como proyecto de ley, por lo que el texto queda aprobado, definitivamente y sin enmiendas. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que la modificación de esta leyes una medida "necesaria y urgente, por razones de justicia y de seguridad jurídica", con la finalidad de resolver los problemas derivados de la norma de 1986.

Caldera calificó de "imprescindible" la reparación "ética y moral" de la incautación de los bienes de naturaleza sindical  surgidas a partir de la ilegalización de organizaciones sindicales libres durante la dictadura. Sin embargo, Caldera reconoció la "enorme dificultad" de acreditar la titularidad de los bienes debido a la excepcionalidad de una Guerra Civil y a un largo período de dictadura, lo que hace "imposible" cumplir los requisitos requeridos en la ley de 1986. CCOO dice que los bienes no están acreditados. Caldera también se comprometió a resolver, en el plazo de un año, los problemas de incautación de patrimonio acumulado a otras organizaciones sindicales, así como a elevar una consulta a la Comisión Consultiva Nacional de Patrimonio.

 

 

Por su parte, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, afirmó que con esta iniciativa el Gobierno condona un crédito que UGT tiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como consecuencia de un "tremendo error" de gestión de este sindicato, que realizó actividades mercantiles que "nada tienen que ver con la actividad sindical". Martínez-Pujalte dijo que con esta iniciativa, que él calificó de "decretazo", el Ejecutivo no trata de dar solución a los intereses generales, "sino de arreglar intereses particulares con el menor debate posible y dejando al margen a todos", incluído el resto de organizaciones sindicales. Según Martínez-Pujalte, este Decreto Ley responde al apoyo que UGT dio al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para que éste fuera reelegido secretario general del PSOE, al tiempo que aseguró que esta medida se hace "de manera arbitraria y opaca" y "deja sin voz" a otros sindicatos como CCOO.