L D (EFE) El recurso incorpora la petición de recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, ya que este juez fue uno de los asesores en la redacción del proyecto de reforma estatutaria. Los representantes populares destacaron que el objetivo del recurso presentado en el TC no es paralizar ni obstaculizar el debate sobre la toma en consideración de la reforma del Estatuto catalán, sino "poner de manifiesto coherentemente" la postura del PP de que el nuevo Estatuto debe ser tramitado como reforma constitucional.
"Se trata de un fraude de procedimiento que se tramite como reforma estatutaria lo que es una reforma constitucional y por eso prensamos que el Constitucional se tiene que pronunciar", dijo Jorge Fernández a los periodistas. El PP argumenta en el recurso, según explicó Fernández, que la decisión de la Mesa del Congreso supone la violación del derecho fundamental "de representación política por parte de los diputados, que no pueden debatir y votar" una reforma constitucional porque se ha tramitado como estatutaria.
Mientras el recurso del PP era registrado en el TC, en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Cámara, Manuel Marín, ordenaba el comienzo de la sesión en la que el pleno aprobará la toma en consideración de la reforma del Estatuto con el rechazo de los diputados populares y el apoyo del resto de los grupos. Martínez Pujalte explicó que esa coincidencia se ha debido a que es un recurso "complejo jurídicamente", que tenía "un grado de dificultad importante" y que no fue presentado ayer por ser día festivo. "No es un recurso ni de inconstitucionalidad, porque eso en su caso sólo se puede interponer cuando la ley estuviera aprobada como tal por las Cortes Generales, ni pretendía parar el procedimiento sino que lo que quería era poner de manifiesto coherentemente lo que ha sido nuestra posición desde el primer momento", añadió Jorge Fernández.
"Se trata de un fraude de procedimiento que se tramite como reforma estatutaria lo que es una reforma constitucional y por eso prensamos que el Constitucional se tiene que pronunciar", dijo Jorge Fernández a los periodistas. El PP argumenta en el recurso, según explicó Fernández, que la decisión de la Mesa del Congreso supone la violación del derecho fundamental "de representación política por parte de los diputados, que no pueden debatir y votar" una reforma constitucional porque se ha tramitado como estatutaria.
Mientras el recurso del PP era registrado en el TC, en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Cámara, Manuel Marín, ordenaba el comienzo de la sesión en la que el pleno aprobará la toma en consideración de la reforma del Estatuto con el rechazo de los diputados populares y el apoyo del resto de los grupos. Martínez Pujalte explicó que esa coincidencia se ha debido a que es un recurso "complejo jurídicamente", que tenía "un grado de dificultad importante" y que no fue presentado ayer por ser día festivo. "No es un recurso ni de inconstitucionalidad, porque eso en su caso sólo se puede interponer cuando la ley estuviera aprobada como tal por las Cortes Generales, ni pretendía parar el procedimiento sino que lo que quería era poner de manifiesto coherentemente lo que ha sido nuestra posición desde el primer momento", añadió Jorge Fernández.
La ruptura del ministerio Fiscal
Por otro lado, el portavoz y presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco Morales, señaló este miércoles que la reforma del Estatut de Cataluña "tal y como está planteada inicialmente, rompe con un principio básico de actuación del ministerio Fiscal, la unidad", e introduce una politización "no acertada en el sistema de designación de cargos". En declaraciones a Europa Press Televisión, explicó que el proyecto, que recoge que el Gobierno de la nación nombre los cargos a partir de una terna propuesta por el de Cataluña, prescinde de "alguna manera de los órganos propios del Ministerio Fiscal" a la hora de designar puestos de responsabilidad tan importantes como el de fiscal jefe de un tribunal superior de justicia.
"No tiene en cuenta órganos como el Consejo Fiscal o al Fiscal General de Estado y además la reforma supondría una merma de derechos e intereses legítimos de aspiraciones profesionales de los fiscales puesto que automáticamente se limitan las posibilidades de nombramiento solamente a esos tres fiscales", agregó. Hasta el momento la designación se hace a través de un concurso en el que los peticionarios presentan sus curricula, se informa al Consejo Fiscal y el Fiscal General del Estado hace una propuesta que suele ser respetada por el ministerio que es donde materialmente se hace el nombramiento.
En este sentido, incidió en que si el Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el territorio nacional y si lo que le da sentido es "la unidad de actuación que es garantía de seguridad para los ciudadanos, la reforma que se plantea "no se ajusta al diseño constitucional" de este órgano. Por otro lado, criticó el hecho de que la reforma establezca la regulación de funciones del Ministerio Fiscal a través de una ley autonómica. En su opinión, si el ministerio es un órgano "constitucional único y estatal, lo lógico sería que sus funciones vengan establecidas por una norma estatal". Por último, insistió en que el proyecto de Estatut "mercere ser reformado en el ámbito parlamentario" y afirmó que apoyarán cualquier iniciativa en este sentido. Concluyó que la reforma se puede plantear en unos términos muy sencillos que establezcan que los nombramientos relacionados con el Ministerio Fiscal que se realicen en Cataluña se hagan "conforme a lo dispuesto en el estatuto orgánico" de este ministerio.