(Libertad Digital) En mayo de 1999, el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, arrebató a la Cadena COPE todas sus frecuencias en FM en Tarragona, Manresa y Barcelona. Mientras, el Grupo Godó –editor de La Vanguardia– obtenía diez nuevas licencias, de las cuales dos pertenecían a la COPE.
El 16 de marzo de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que el Gobierno de Pujol había vulnerado un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, intentando imponer restricciones a la actividad propia de esta emisora como todo medio de comunicación, esto es, su derecho a informar. La sentencia fue confirmada meses después por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Han pasado más de cinco años y el pasado 3 de octubre la Junta Directiva de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) tuvo que enviar una carta para "trasladar la preocupación" por los acuerdos alcanzados en septiembre de este año por la Generalidad, "que determinan la continuación de los procedimientos para adjudicar nueve emisoras de radiodifusión" en la comunidad catalana. Como destaca la AERC se trata de las emisoras que se vieron afectadas por la sentencia del 16 de marzo de 2000.
La AERC recuerda que este nuevo ataque a la propiedad de esas emisoras "reabriría el debate, que tanto calado tuvo en la opinión pública, sobre la necesidad de respetar el derecho a la libertad de expresión –también respecto a los medios críticos a los diferentes gobiernos– básico en la comunicación de toda sociedad democrática".