(Libertad Digital) El anteproyecto de ley para el Derecho a la Vivienda, que presentó el lunes el consejero de Vivienda de la Generalidad, Salvador Milá, continúa generando reacciones encontradas. Según cuenta La Vanguardia, el secretario general de Vivienda, Ricard Fernández, dijo que el anteproyecto de ley cuenta con el respaldo del grupo socialista.
Pero ese borrador de la Ley catalana introduce inquietantes aspectos para la propiedad privada. De inicio posibilita la denuncia de los vecinos de las situaciones de sobreocupación, desocupación, mal estado de viviendas o el mal uso de los pisos de protección. Pero no sólo en los pisos públicos –que podría entenderse como la denuncia del tradicional fraude en este sector que distorsiona completamente el mercado– sino en los pisos privados que pudiesen estar desocupados.
En palabras de Fernández, "hasta ahora, los vecinos podían denunciar el mal estado de los edificios o los fraudes en pisos protegidos. Cuando la ley se apruebe, los ciudadanos podrán denunciar también la sobreocupación y desocupación de las viviendas". Sobre los pisos protegidos, Fernández defiende aumentar la protección hasta los 90 años para garantizar la creación de un mercado de pisos de protección oficial.
El lunes pasado, fecha en la que se conocieron las intenciones de Salvador Milá, la ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, recordó que es una "competencia exclusivamente autonómica" la imposición de medidas coercitivas sobre los propietarios de pisos vacíos y, aunque apoyó que la vivienda tenga que estar habitada como principio general, aseguró que el Gobierno central opta por "incentivar" a los propietarios de viviendas desocupadas para que las saquen al mercado. Sin embargo, la información del borrador de la Ley del Gobierno central , abre la posibilidad a que las medidas coercitivas que apliquen las comunidades autónomas incluyan la venta forzosa o la expropiación.
El lunes pasado, fecha en la que se conocieron las intenciones de Salvador Milá, la ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, recordó que es una "competencia exclusivamente autonómica" la imposición de medidas coercitivas sobre los propietarios de pisos vacíos y, aunque apoyó que la vivienda tenga que estar habitada como principio general, aseguró que el Gobierno central opta por "incentivar" a los propietarios de viviendas desocupadas para que las saquen al mercado. Sin embargo, la información del borrador de la Ley del Gobierno central , abre la posibilidad a que las medidas coercitivas que apliquen las comunidades autónomas incluyan la venta forzosa o la expropiación.
Dos problemas fundamentales se presentan a la hora de aplicar estas normas anti propiedad privada. La primera es la definición de piso vacío y la segunda cómo determinar si el inmueble está vacío o no. Sobre esta segunda cuestión, el diario 20 Minutos explica que el anteproyecto catalán prevé la vigilancia los recibos de agua –hecho que ya se ha utilizado para el control de la vivienda protegida con escasos resultados–, de la electricidad, la recepción del correo o las facturas telefónicas.