LD (Europa Press) Igualmente, acordó requerir a la empresa información sobre "los términos y el alcance" de dicha operación y "para que cumplimente los trámites que sean precisos".
El portavoz del Gobierno madrileño argumentó que la apertura de este expediente "tiene que ver" con las competencias que debe ejercer la Comunidad de Madrid en su territorio, con la defensa de sus intereses, y con la aplicación de la ley del sector de hidrocarburos y del Real Decreto que regula la transmisión de titularidad de una instalación de distribución.
En este sentido, apuntó que la Ley de Hidrocarburos contempla esta operación de Gas Natural como infracción "muy grave", que podría ser objeto de una sanción económica que oscilaría entre 600.000 euros y 3 millones de euros. "Simplemente estamos aplicando las previsiones que se contienen en la Ley del Sector Hidrocarburos y en el Reglamento de desarrollo, que establece las condiciones a las que se sujeta la transmisión de los activos", señaló el portavoz del Ejecutivo.
El expediente se abre después de haber tenido conocimiento del comunicado presentado por Gas Natural a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día 3 de octubre de 2005, según el cual el 1 de octubre dicha empresa realizó un traspasó de todos sus activos que conforman la rama de actividad de distribución a su filial Gas Natural Distribución.
La Comunidad de Madrid, en el uso de sus competencias en materia de distribución de hidrocarburos en su ámbito territorial, ha dado este paso por considerar que se han podido vulnerar los artículos 86 y 87 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Preguntado sobre cómo afecta la apertura del expediente sancionador al desarrollo de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, el vicepresidente primero se remitió a la CNMV y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). "Nosotros simplemente estamos actuando en la defensa de los intereses de los ciudadanos madrileños y de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid", concluyó.