L D (Agencias) La Mesa del Congreso ha rechazado, con los votos de los representantes del PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP para que la Cámara recabase una serie de informes de instituciones del Estado antes de dar entrada en el Congreso al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El órgano de gobierno tuvo que interrumpir su reunión para asistir a la Junta de Portavoces, cuyo inicio estaba previsto para las once de la mañana, por lo que se pospuso hasta primera hora de la tarde la decisión sobre cómo se califica la iniciativa catalana, si como reforma constitucional (posición del PP) o como estatuto de autonomía (opinión del resto de formaciones). El Grupo Popular, que cuenta con cuatro representantes en el órgano de gobierno de la Cámara, había reclamado que, antes de calificar el texto remitido por el Parlamento, se recabasen informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, abundando en su idea de que el proyecto es una reforma constitucional en la práctica.
Por contra, los tres componentes socialistas, junto con los miembros de CiU e IU-ICV, argumentaron que no había "anclaje legal específico" para atender la petición del PP y además expresaron sus sospechas de que el objetivo de la misma fuera una dilación política de la tramitación, según dijo el representante popular, Gabriel Cisneros.
Todos los recursos posibles. La estrategia del PP
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró que el PP presentará "todos los recursos" a su alcance y "en todos los ámbitos que sea posible" para que la reforma del Estatuto no se debata en el Parlamento como una modificación estatutaria, por ser un "fraude democrático".
Zaplana, que dio por hecho antes de que sucediera que la Mesa del Congreso admitiría a trámite la propuesta de reforma del Estatuto catalán pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial. Se trata de presentar sendos recursos en formato de "escrito de consideración" a la Mesa por las dos decisiones: la de no tramitarlo como reforma constitucional y la de negarse a pasar un filtro institucional. Tras ello, y si fracasara, los diputados del PP presentarían un recurso de amparo ante el Constitucional que, sin embargo, no paralizaría el proceso de trámite.
Zaplana, que dio por hecho antes de que sucediera que la Mesa del Congreso admitiría a trámite la propuesta de reforma del Estatuto catalán pese a que el PP entiende que debe debatirse como una reforma constitucional y no estatutaria porque modifica la Carta Magna, no confirmó expresamente que su partido vaya a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa por esta posibilidad, contestó insistiendo en que el PP formulará "todos los recursos que sean necesarios", para lo cual hay que respetar los plazos establecidos, ya que la decisión que adopte la Mesa ha de ser recurrida primero ante este mismo órgano antes de pasar al ámbito judicial. Se trata de presentar sendos recursos en formato de "escrito de consideración" a la Mesa por las dos decisiones: la de no tramitarlo como reforma constitucional y la de negarse a pasar un filtro institucional. Tras ello, y si fracasara, los diputados del PP presentarían un recurso de amparo ante el Constitucional que, sin embargo, no paralizaría el proceso de trámite.
Fraude de Ley. Certificado de defunción de la Constitución
Al final, después de más de siete horas de reunión y pese a que las posiciones estaban fijadas desde el primer momento, Zaplana acertó y la Mesa del Congreso decidió, en su tercera convocatoria y en horario nocturno, dar vía libre a la tramitación del texto catalán como reforma estatutaria. Para la vicepresidenta primera, la socialista Carme Chacón, una propuesta como la remitida por el Parlamento catalán y votada por el 90 por ciento de sus diputados debía de debatirse porque en democracia priman el diálogo, el debate y el acuerdo. "Darle un portazo en la cara al Parlament diciendo que no vamos a debatir su propuesta no es la respuesta que deben dar las Cortes Generales", enfatizó.
Por contra, el portavoz del PP en la Mesa, Gabriel Cisneros, quiso dejar claro que su grupo no pretendía rechazar la admisión a trámite del texto, sino su tramitación como reforma constitucional, pues lo contrario es un "fraude de ley". Como uno de los 'padres' de la Constitución, dijo sentir "profunda tristeza" por la decisión adoptada, que a su juicio supone "el primer paso para extender el certificado de defunción" de la Constitución de 1978 y el fin "de la etapa más brillante y fecunda" de la historia política democrática.