El pasado 30 de septiembre de 2005 el Parlament de Cataluña aprobó un Proyecto para un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña. La aprobación de esta propuesta de reforma representa en realidad una reforma constitucional encubierta. Supone un desafío al pacto constitucional de 1978 sobre el que se ha basado nuestra convivencia democrática.
Uno de los mayores aciertos de nuestra Carta Magna ha sido la articulación territorial del poder político. Los españoles quisimos una Nación unida, plural y solidaria, una Nación de ciudadanos libres e iguales en derechos, deberes y oportunidades. Una Nación de más de 40 millones de españoles que deciden todos juntos sobre su futuro.
Hoy España es uno de los Estados más descentralizados del mundo y un ejemplo de convivencia constitucional. Por eso, observamos con seria preocupación que nuestro modelo de convivencia se vea amenazado.
El texto de este proyecto de Estatuto es abiertamente contrario a la Norma Fundamental de todos los españoles. Desde un Parlamento Autonómico, se modifican las reglas esenciales de nuestra convivencia: la soberanía del pueblo español, la igualdad de todos los españoles; la solidaridad entre territorios y la cohesión social.
Este proyecto instaura un modelo intervencionista de la Generalitat en la vida económica y social de Cataluña, que rompe la unidad de mercado y genera nuevas trabas al libre desarrollo de la iniciativa individual y empresarial. Impone a todos los catalanes un modelo partidista de sociedad, producto de una visión del poder político que lo invade y lo decide todo.
Por todo ello,
MANIFIESTAMOS nuestro rechazo al proyecto de reforma del nuevo Estatuto para Cataluña. Estamos ante un texto contrario a la Constitución, que lesiona la igualdad de todos y rompe el equilibrio y la solidaridad entre las regiones y nacionalidades que integran España.
AFIRMAMOS que la única Nación es la Nación española. A partir de este principio no cabe reconocer cualquier otra nación dentro de España, ni definirla como un Estado plurinacional.
EXPRESAMOS nuestro rechazo a que mediante la reforma de un Estatuto de Autonomía se reforme nuestra Constitución, sin respetar los procedimientos establecidos y de espaldas a la opinión del pueblo español.
EXIGIMOS que la financiación de las Comunidades Autónomas se decida entre todas. No pueden darse nuevos pactos bilaterales sobre financiación. Son injustos, insolidarios y gravemente perjudiciales para los intereses de Cataluña y del resto de España. Perjudican el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios públicos de calidad y en condiciones de igualdad.
SOLICITAMOS al presidente del Gobierno, que ha impulsado personalmente este proyecto:
Que convoque con carácter inmediato la Conferencia de Presidentes, para abordar la situación creada por dicho Proyecto, así como su incidencia en el resto de las Comunidades Autónomas.
Que dé instrucciones al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda para que reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar la propuesta de financiación para Cataluña recogida en el Estatuto y sus efectos sobre las Comunidades Autónomas y los ciudadanos que residen en ellas.