(Libertad Digital) En la resolución, fechada el 5 de septiembre, el Ministerio de Industria alude a “informes técnicos emitidos”, de los que Telemadrid no tiene constancia alguna, y señala que “la asignación al Ente Público Radio Televisión Madrid de las frecuencias reservadas en el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local, incluso de manera provisional y temporal, obstaculizaría la implantación de las estaciones de televisión local”. Sin embargo, según la información remitida por Telemadrid, el Ministerio no cuestiona en su resolución la legalidad que le asiste para emitir la programación de LaOtra en sistema analógico, sino que aduce cuestiones técnicas.
El Ministerio da muestras así de una nueva contradicción, ya que el escrito del Director General de Telecomunicaciones, recibido por Telemadrid el pasado 3 de agosto, comunicaba la imposibilidad legal de disponer de un segundo canal analógico, como consecuencia de la reforma introducida por la “Ley Polanco” bautizada por el Gobierno como Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre y Fomento del Pluralismo. Una justificación legal carente de toda fundamentación, puesto que, según Telemadrid, la Ley fue aprobada después de la primera resolución del Ministerio y la retroactividad de la Ley sólo podría ser aplicable si fuera favorable pero nunca en perjuicio de Telemadrid.
La cadena autonómica se queja también de que el Ministro de Industria, José Montilla, el miércoles 14 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, señaló que el Gobierno “ha cumplido escrupulosamente la Ley” (Ley 10/2005 de 14 de junio, conocida como “Ley Polanco”) y ha denegado la solicitud basándose en un “intenso informe de la Abogacía del Estado”, informe al que tampoco ha podido acceder Telemadrid, habiéndolo reclamado desde el primer momento en que se invocó.
Según la nota enviada por Telemadrid, “estamos ante una contradicción más en la sucesión cronológica de hechos, sometiendo a Telemadrid a diez meses de incertidumbre jurídica e inseguridad procesal. El Ministerio de Industria vuelve a hacer gala, una vez más, de su arbitrariedad y discriminación hacia los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que no pueden disfrutar de dos canales como sí poseen los de la Comunidad Valenciana, Andaluza, Catalana y del País Vasco”.