LD (Agencias) El consejero valenciano criticó al presidente del Gobierno por "pretender lanzar una propuesta desconocida para las autonomías y que los presidentes autonómicos se pronuncien en su tiempo sobre un tema tan importante". "Esto es poco serio y poco riguroso, ni siquiera es efectivo ni eficiente", por lo que, subrayó, es "inadmisible".
En cambio, aseveró que si a lo largo del día de hoy se presenta la propuesta del Gobierno, con todos los puntos concretados, "la estudiaremos" y puntualizó que "si es sensata, razonable y efectiva, es decir que sea como la que ha puesto el PP encima de la mesa, se podrá alcanzar consenso político".
Además, recalcó que las comunidades gobernadas por el PP "en ningún momento” se han planteado no acudir a la Conferencia de Presidentes, “aunque el presidente del Gobierno ha dado motivos sobrados para ello".
Camps ironizó con la postura del Gobierno, afirmando que esto "debe ser una muestra de esa búsqueda constante de diálogo mudo, porque el Ejecutivo no habla y los demás no podremos opinar". Igual "buscan un autoconsenso o están celebrando reuniones de café con aquellos con los que si que les interesa llegar a determinados acuerdos". "No sería sorpresivo, pero si clarificador, que mañana algunos se mostraran conformes con la propuesta, sea cual fuere, del Gobierno", afirmó.
La propuesta del PP y la propuesta del PSOE
El consejero valenciano analizó la primera propuesta del Gobierno y afirmó que era "insuficiente, porque no resolvía el problema; insolidaria, porque cargaba sobre las decisiones de los gobiernos autonómicos; inapropiada, porque contenía medidas que a nadie, con sentido común o en su sano juicio económico, se le podrían ocurrir, y era inflacionista e incrementaba la presión fiscal a los ciudadanos". Por ello, señaló que el PP "la rechazó de plano".
Sin embargo, recalcó que el PP presentó una alternativa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que "acaba con la insuficiente, con la insolidaridad, con la inflación y con el incremento de presión fiscal sobre los ciudadanos". Esta propuesta del PP parte de la aportación del Gobierno central de 1.800 millones euros anuales, así como del desarrollo de la cartera básica de prestación y del fondo de cohesión para la asistencia sanitaria de personas desplazadas a la Comunidad con carácter temporal o estable.
Según resaltó, los 1.800 millones de euros suponen "un 1 por ciento del presupuesto de gastos de las cuentas generales del Estado". Además, recordó que el Ejecutivo ha anunciado que tiene un superávit de 7.000 millones, por lo que se preguntó si para el Gobierno "no es la sanidad prioritaria".