(Libertad Digital) Según la nota remitida por Telemadrid, la justificación del Ministerio de Industria para impedir que la Comunidad de Madrid cuente con un segundo canal analógico “confirma que el Ministerio del señor Montilla pretende aplicar la norma con efectos retroactivos y perjudiciales para Telemadrid”.
Industria afirmó a través de una nota de prensa publicada en su página web que la causante de que Madrid no pueda tener un segundo canal analógico es la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestrestre y (paradójicamente) Fomento del Pluralismo, aprobada el pasado mes de junio; sin embargo, Telemadrid afirma que solicitó el segundo canal analógico siete meses antes de que se aprobara la ley, al amparo de la legalidad entonces vigente.
La pretendida justificación legal esgrimida por el Ministerio carece de toda fundamentación, según Telemadrid, puesto que la desestimación del Departamento del señor Montilla se produjo mediante Resolución de fecha 25 de Febrero de 2005, notificada con fecha 3 de Marzo del citado año, mientras que la Ley 10/2005 no entró en vigor hasta el 15 de Junio del presente año, y la retroactividad de la misma sólo podría ser aplicable a petición de Telemadrid, si le hubiera sido favorable, pero nunca en su perjuicio.
Pretende confundir a la opinión pública con “un argumento falaz”
El ente público de la Comunidad de Madrid afirma que el Ministerio alude a una media verdad para confundir a la opinión pública con un argumento falaz cuando dice: “Los segundos canales de televisión analógicos de ámbito autonómico que están en funcionamiento en la actualidad fueron otorgados durante el Gobierno del Partido Popular, mediante resolución en Junio de 2003. La Comunidad de Madrid no solicitó en ese momento un segundo canal analógico”.
Telemadrid afirma, una vez recabada la oportuna información en el ámbito de las televisiones de FORTA, que “es falso que dichos otorgamientos se hayan producido. Lo que se produjo en fechas próximas a la que cita el Ministerio, fue el envío de cartas del Director General de Telecomunicaciones de entonces a las televisiones que venían emitiendo alegalmente, práctica que se inició con Gobiernos del PSOE, para asignarles diversas frecuencias concretas de ámbito local hasta legalizar el conjunto del respectivo territorio autonómico para un segundo canal”.
Así, el ente público madrileño insiste en que el Ministerio de Industria se escuda en “una pretendida justificación legal que carece de toda fundamentación jurídica para imponer, en definitiva, una discriminación a la Comunidad de Madrid respecto de Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana en materia de servicio público de televisión”.