L D (Agencias) En un comunicado hecho público este miércoles por la tarde, la Consejería que dirige Javier Balza manifiesta que "el trámite preceptivo de comunicar formalmente la convocatoria" fue realizado hace varios días por "un particular", del que, según afirma, "no consta dato alguno que limite su derecho legal a convocar un acto de tal naturaleza".
Además, agrega que en la rueda de prensa para hacer pública la convocatoria, a la que asistieron diversas personas vinculadas a la izquierda abertzale, "el contenido de sus intervenciones y el resto de las circunstancias" no arrojan tampoco "elementos que justifiquen medidas restrictivas sobre la convocatoria".
La consejería de Javier Balza argumenta que durante los últimos días se ha realizado un seguimiento detallado de todos los aspectos relacionados con la convocatoria: declaraciones de personas, posibles inserciones en medios de comunicación, carteles en las vías públicas, etc., sin que hasta el momento se haya observado tampoco en este terreno "ningún elemento de juicio que, en aplicación de la legalidad vigente, permita tomar la decisión de prohibir la manifestación".
Por otra parte, Interior afirma que las apreciaciones de los técnicos policiales no prevén "de manera sólida y fundada", tal y como se requiere legalmente, la posibilidad de que en el desarrollo de la marcha se puedan producir incidentes de orden público.
Por todo ello, a juicio de Interior, "no se dan hasta la fecha circunstancias objetivas que justifiquen la prohibición de la marcha. Los aspectos que han envuelto su convocatoria y su difusión pública no han rebasado los supuestos contemplados legalmente para justificar la restricción de un derecho fundamental, como es el de la libertad de manifestarse públicamente".
Todo ello no obsta para que, si en las próximas jornadas se produjera alguna variación en las circunstancias que afectan a la convocatoria, el Departamento tomase las "oportunas decisiones cautelares". En cualquier caso, la Ertzaintza dispondrá el próximo viernes todos los medios que sean necesarios para salvaguardar el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana, de modo que la misma se vea afectada en la menor medida posible por el desarrollo de la manifestación.
El Gobierno no recurrirá la decisión
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha expresado su respeto a la decisión del Departamento vasco de Interior y anunciado que no la recurrirá ante los tribunales.
Fuentes de la Delegación del Gobierno manifestaron a EFE que la decisión de no recurrir ante los tribunales la no prohibición de la marcha convocada por personas próximas a la izquierda abertzale para el Día Grande de las fiestas de Bilbao se ha basado en un precedente judicial sobre hechos similares, sentenciado en 2002.
En aquel auto, en el que la Sala de lo Contencioso del TSJPV desestimó el recurso de la Delegación del Gobierno en el País Vasco contra la no prohibición de una manifestación similar, se señalaba que "el silencio de la autoridad gubernativa frente a una comunicación de ejercicio del derecho fundamental de manifestación" no esta sujeto a "control jurisdiccional".
El auto precisaba además, que "atendiendo al principio constitucional de separación de poderes", La Administración del Estado carece de "legitimación activa para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo".
Fuentes de la Delegación del Gobierno manifestaron a EFE que la decisión de no recurrir ante los tribunales la no prohibición de la marcha convocada por personas próximas a la izquierda abertzale para el Día Grande de las fiestas de Bilbao se ha basado en un precedente judicial sobre hechos similares, sentenciado en 2002.
En aquel auto, en el que la Sala de lo Contencioso del TSJPV desestimó el recurso de la Delegación del Gobierno en el País Vasco contra la no prohibición de una manifestación similar, se señalaba que "el silencio de la autoridad gubernativa frente a una comunicación de ejercicio del derecho fundamental de manifestación" no esta sujeto a "control jurisdiccional".
El auto precisaba además, que "atendiendo al principio constitucional de separación de poderes", La Administración del Estado carece de "legitimación activa para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo".