(Libertad Digital) El mes de mayo del año pasado se convierte ahora en un ejemplo del doble rasero con el que se están valorando las investigaciones periodísticas sobre la masacre de Madrid. Por aquél entonces, el juez Del Olmo había tomado todas las precauciones para que no se filtrara el sumario del 11-M. Sin embargo, el diario El País no tuvo problemas para hacerse con las primeras diligencias policiales. El CGPJ exculpó a la Audiencia y pidió una investigación de cuantas personas tenían acceso a los documentos. Del Olmo reclamó que se persiguieran las "posibles infracciones penales" y se sellaran con un tampón las decenas de miles de folios de que consta el sumario.
En concreto instaba al Ministerio Público "a perseguir y asegurar el objeto y finalidad del secreto de la instrucción judicial y, en su caso, perseguir posibles infracciones penales". El magistrado acompañó su resolución con una copia de los autos en los que acordó y prorrogó el secreto del sumario y con la fotocopia de la portada y las páginas 15 y 16 del diario El País y de la portada y las páginas 17 y 18 de la edición en la que salió a la luz la filtración. Se trataba de la segunda y tercera entrega -la providencia no hizo referencia a la primera- de una serie informativa en la que este diario, que aseguraba basarse en "las diligencias recogidas en el sumario", relata cómo la investigación policial del 11-M siguió desde el primer momento la pista islámica. Como puede comprobarse sin demasiado esfuerzo, esta información beneficiaba las tesis de la mentira del Gabinete Aznar sostenidas por el PSOE. De hecho, desde el PP se dijo que la filtración procedía más bien del entorno del Ministerio del Interior.
Ahí quedo todo. No hubo requerimientos al director del diario ni persecución de la información. Pero en el resto de la historia encontramos también una actitud que ahora cabe recordar y es la del Fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
Tras la filtración, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, remitió a su vez la providencia al fiscal general del Estado, ya que este tribunal no es órgano competente para perseguir la revelación de secretos.
Tras la filtración, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, remitió a su vez la providencia al fiscal general del Estado, ya que este tribunal no es órgano competente para perseguir la revelación de secretos.