L D (Europa Press) Los argumentos de la fiscal y del juez se centran en que el levantamiento del secreto no está orientado al público sino a los abogados personados en la causa. Pese a que esto no había ocurrido antes con un sumario desclasificado, los términos en los aque se expresa Del Olmo en el requerimiento son de extremo celo y dureza: ante el "incumplimiento" de la orden "se acordará la oportuna deducción de testimonio por delito de desobediencia a autoridad judicial del artículo 556 del Código Penal".
En definitiva, el juez prohíbe a Pedro J. publicar informaciones derivadas del análisis de un sumario desclasificado y lo hace pidiéndole que le entregue los discos que contienen esos datos y que ahora obran en poder de El Mundo. Entregándolo, el juez no se aseguraría que dejaran de aparecer informaciones pero evita ser más claro y reconocer que está prohibiendo bajo pena la aparición de noticias sobre el 11-M que ya no están sujetas a secreto.
Tras publicarse este jueves en el diario El Mundo informaciones contenidas en 123 tomos del sumario sobre los que se ha levantado el secreto, el juez dedujo testimonio para que un juzgado de Instrucción de Madrid investigue los hechos por si podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. No obstante, la fiscal Olga Sánchez le pidió que se garantice el secreto del sumario y "la seguridad e integridad de las personas que tienen la condición de testigos protegidos", así como evitar los juicios paralelos.
Ante tal petición, el juez Del Olmo ha decidido requerir al director de "El Mundo" para que, antes de las 12.00 horas de este viernes, entregue en el en el Juzgado Central de Instrucción número 6 toda la documentación que tenga del sumario del 11-M, "para velar y asegurar estrictamente la integridad y seguridad personal y familiar de quien ha obtenido la condición de testigo protegido o cualquier persona que colabore con la Administración de la Justicia".
Fuentes jurídicas indicaron que de las decenas de abogados que hay personados en el procedimiento sólo nueve disponían el miércoles de copia en DVD de los tomos cuyo secreto ha sido levantado, por lo que las investigaciones se dirigirán contra estos letrados, ya que el resto aún no disponían de la documentación que ha sido publicada hoy.
Los abogados personados en la causa en la que hay 109 imputados, de los que 26 se encuentran en prisión, han sido citados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 en distintos días para poder recoger una copia del más de centenar de tomos a los que se ha retirado el secreto, por lo que se sabe exactamente quién y desde cuándo tiene en su poder el DVD. Algunos abogados han sido citados incluso para el próximo 5 de agosto.
El soporte informático que se les entrega ha sido, además, manipulado con sistemas de seguridad para que no pueda ser copiado. En las ocasiones anteriores en las que se ha levantado el secreto del sumario, los CD o DVD utilizados estaban marcados con una "mancha de agua" en cada una de las páginas que contenía, de forma que se podía saber quién lo había facilitado.
El pasado mes de abril, el magistrado ya alzó el secreto sobre los primeros 35 tomos y los envió a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. A finales de 2004, lo hizo respecto de los cinco primeros tomos de la causa, que incluían las declaraciones policiales y judiciales de los primeros 63 imputados y los careos practicados entre algunos de ellos entre sí y con testigos. Posteriormente, el 15 de febrero de este año, el magistrado levantó el secreto que pesaba sobre los informes técnicos, periciales y de la Policía Científica en los que se analizaban los cientos de pruebas materiales recogidas en los distintos escenarios en los que se planearon o ejecutaron los atentados.
En mayo del año pasado Del Olmo en una providencia instó al fiscal a investigar la supuesta filtración de datos de este sumario aparecidos en "El País" y solicitó al Ministerio de Justicia dos tampones para sellar los folios de la causa y evitar así nuevas revelaciones.
En mayo del año pasado Del Olmo en una providencia instó al fiscal a investigar la supuesta filtración de datos de este sumario aparecidos en "El País" y solicitó al Ministerio de Justicia dos tampones para sellar los folios de la causa y evitar así nuevas revelaciones.
El secreto ahora levantado es una medida que debe ser acordada excepcionalmente por el juez instructor, ya que impide a los abogados personados en una causa conocer las diligencias que se van realizando, lo que dificulta el ejercicio del derecho de defensa. Los documentos bajo secreto sólo se encuentran a disposición del magistrado y del fiscal adscrito al caso.
Una práctica nada habitual
El primer levantamiento significativo del sumario del 11-M se hizo en mayo. Se trataba de 35 tomos en las que, además de multitud de fichas policiales, aparecían diligencias que podrían haber sido claves en la comisión parlamentaria de investigación. El procedimiento de levantamiento de secreto fue similar al que ahora provoca la reacción del juez y que se centra en la desclasificación de los tomos 35 a 123. En aquella ocasión, los datos estaban protegidos contra impresión y búsqueda pero se remitieron al Congreso de los diputados. Ahora, las copias se sirven con cuentagotas y un estricto control a los abogados de las partes personadas y esta vez la protección es contra copia.
Si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 302 y siguientes) ampara en parte la decisión del juez ya que el levantamiento sólo es para las partes personadas, sorprende la medida adoptada ya que en muchas otras ocasiones, las filtraciones de un sumario no sujeto a secreto han llegado a las portadas de los periódicos sin trabas por parte de los jueces instructores.
Desmesurado e inoportuno
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) manifestó su "preocupación" ante el requerimiento del juez y denunció que estos hechos supone una "restricción a la libertad de expresión".
La APM consideró "tan desmesurada como inoportuna" la aplicación de la figura de la "desobediencia" y denunció que este tipo de "restricciones" a la libertad de expresión "dañan el estado de derecho y perjudican la persistencia de los demás derechos fundamentales".