(Libertad Digital) El Consejo de Ministros aprobó el viernes 11 el plan de prevención y lucha contra incendios forestales, en el que están implicados trece Ministerios, y analizó un informe sobre la futura reforma de la ley de montes que prevé impedir que, tras un incendio, haya cambios a corto plazo en el uso del suelo. El plan de prevención de Incendios y el anteproyecto de la nueva Ley de Montes no han llegado a tiempo. El anuncio no ha tenido efectividad. La tragedia de Guadalajara cobra todavía más dureza cuando se repasan las complacientes y grandilocuentes declaraciones del Gobierno.
Según explicó tras el Consejo de Ministros, hace apenas un mes y una semana, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el plan de prevención y lucha incluye una batería de nuevas medidas permanentes para mejorar la eficacia en la persecución de delitos de quema de bosques con más medios, y fomentar la formación ambiental. Para De la Vega, se trataba de "un problema de grandes dimensiones" y "en muchos casos los culpables quedan impunes y en otros, incluso, se producen beneficios económicos por la recalificación de los terrenos y la especulación urbanística", por lo cual es "urgente tomar medidas". La batalla contra el fuego la coordinará, anunciaron entonces, la Vicepresidencia del Gobierno, con lo que los departamentos ministeriales tendrán que aplicarse seriamente contra lo que el Gobierno considera “una lacra ambiental, social y económica”.
Centrada también en el anteproyecto de Ley de Montes enfocada a frenar la especulación urbanística, De la Vega anunció que el Gobierno remitiría el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía del Estado para que lo informe, un paso con el que continúa la tramitación de la normativa, elaborada a propuesta de los ministerios de Medio Ambiente, Justicia e Interior. Con la prohibición de cambio de uso del suelo, subrayó de la Vega, "se acabaron las recalificaciones y especulaciones con los montes".
Además, De la Vega aseguró que todos los bosques y montes serán protegidos independientemente de su titularidad, adelantó también que se crean secciones especiales en la Administración de Justicia, y que habrá un Fiscal de Medio Ambiente, con la categoría de Fiscal de Sala, que será nombrado tras escuchar al Consejo Fiscal. La única cosa que quedó clara al margen de la aprobación de la Ley fue que la Vicepresidencia del Gobierno sería la encargada de la coordinación.
Según explicaba la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aquél día, “hasta el día 1 de junio han ardido en nuestro país 40.400 hectáreas, lo que significa el doble que el año pasado”. Se trataba, a juicio de Narbona, de “involucrar a otros ministerios responde a necesidades reales. Ellos pueden hacer muchas cosas: unos, limpiar las cunetas de las carreteras y las vías; otros aumentar los contratos de los forestales y prevenir los riesgos; otros investigar; otros, como defensa poner medios y maquinaria; y otros, por ejemplo, perseguir y juzgar los delitos...”.