L D (Europa Press) El secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, denunció este sábado que el parte de lesiones del escolta del ministro de Defensa, José Bono, es "otra prueba falsa" al existir varias "irregularidades", por lo que anunció que su partido pedirá dentro de las acciones jurídicas que está llevando a cabo la declaración del funcionario policial, el médico que emitió dicho informe, y el propio ministro.
En rueda de prensa, Granados insistió en la detención "ilegal" de los dos militantes del PP de las Rozas tras la supuesta agresión a Bono en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado 22 de enero, así como en la manipulación y destrucción de pruebas del expediente. "Se trata del mayor atentado que se ha producido contra los derechos y libertades de los ciudadanos en la historia de la democracia española", dijo el secretario general del PP de Madrid, quien subrayó que las "irregularidades" en el parte de lesiones son un "nuevo capítulo de manipulación de pruebas" que apoya la teoría del PP de que la detención se produjo por "motivos estrictamente políticos".
Granados reiteró que el parte de lesiones del escolta es la "única prueba" que le queda al ministro de Defensa para mantener su "falsa versión" sobre la presunta agresión en la manifestación. Según la versión del PP de Madrid, el parte de lesiones se realizó dos días después de la manifestación, el 24 de enero, en la clínica privada Nuestra Señora del Rosario de Toledo y no en un centro hospitalario de Madrid, donde se habrían producido las lesiones.
La clínica IDC y el doctor Carroquino
Según explicó el secretario general del PP de Madrid, esta clínica pertenece al grupo empresarial IDC, cuyo negocio depende de los contratos y conciertos firmados con la Junta de Castilla-La Mancha. Además, según los datos aportados por el PP, el director asistencial del centro médico es Fernando Largo, que fue director provincial del Insalud en Toledo y responsable de los conciertos del Ministerio de Sanidad en la época del Gobierno socialista.
Asimismo, Granados denunció que en el parte se hacen constar circunstancias que van en contra de la doctrina médica, entre ellas que la agresión se produjo por parte de un desconocido y como consecuencia de un objeto contundente. Además, el médico que firma el parte, Guillermo José Carroquino, no lo remitió al Juzgado correspondiente, algo que, según dijo, lo hizo el propio escolta, incumpliendo así la normativa, y además es un médico militar, un "subordinado" de Bono. "Tenemos sospechosas además de que ni esta colegiado ni habilitado para ejercer la profesión médica en Toledo", concluyó.