L D (Europa Press) José Antonio Alonso explicó que se trata de una mujer de 38 años, procedente de la zona del Golfo Pérsico, con dos hijos, y cuyo casamiento fue forzado y que ha sido además objeto de malos tratos en el seno del matrimonio, tanto por parte de su esposo como de la familia de él.
Asimismo, explicó que para tomar esta decisión, la Comisión ha tenido en cuenta la gravedad de la continuidad de los malos tratos recibidos, la ausencia de protección por parte de las autoridades de su país de origen –extremo no desvelado para proteger la confidencialidad de la víctima– y la imposibilidad de eludir los malos tratos dentro de su país.
"Hay determinadas zonas del planeta donde las mujeres son forzadas a casarse, sufren situaciones estructurales de malos tratos por parte del marido y la familia, y que no reciben protección por parte de las autoridades, comentó Alonso. Para el ministerio del Interior estas mujeres pertenecen a un grupo social acreedor de la condición de refugiado en España".
Aunque el titular de Interior recordó que los datos de estas víctimas no pueden ser desvelados para proteger su seguridad, señaló que ha sido objeto de malos tratos en el seno del matrimonio, tanto por parte de su esposo como de la familia de éste y que, como consecuencia, ha sufrido graves trastornos psicológicos, por los que ha recibido asistencia en España en los últimos meses.
Asimismo, explicó que para tomar esta decisión, la Comisión ha tenido en cuenta la gravedad de la continuidad de los malos tratos recibidos por la mujer, la ausencia de protección por parte de las autoridades de su país de origen, dada la configuración del sistema legal y social del país; y la imposibilidad de eludir los malos tratos dentro del mismo. Estos elementos han llevado a la CIAR, que preside la directora general de Política Interior, a considerar el caso dentro de los términos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
Aplicar la legislación vigente
"En estos casos, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España tiene que hacer el máximo esfuerzo solidario por atender a estas mujeres, por reconocerle la condición de refugiadas y por y para desplegar todo el mecanismo asistencial del Estado que supone el reconocimiento de esa condición", añadió el ministro.
A su juicio, la exigencia legal de grupo social demandante de refugio se da en el caso de las mujeres que pertenecen, precisamente por su condición, a ese grupo social que en determinados países produce o se enmarca en una situación estructural determinada: matrimonio forzado, violencia ambiental, violencia estructural y falta de respuesta de los poderes públicos, junto a los demás requisitos que marca la legislación.
"Estos elementos determinan que este martes se haya concedido por primera vez la condición de refugiada a una mujer que indudablemente acreditaba todos esos requisitos legales, insistió Alonso. Lo que hemos hecho ha sido una aplicación plena y puntual de la legislación vigente y creo y entiendo, y así va a ser, que tenemos que seguir aplicando la legislación vigente y seguir reconociendo la condición de refugiadas a personas que se encuentran en estas situaciones y acreditan el resto de los requisitos".