L D (Europa Press) La madre de Antonia, de 81 años, ingresó en Urgencias del Severo Ochoa el pasado 28 de diciembre aquejada de una insuficiencia respiratoria. Allí permaneció ingresada hasta el día siguiente, cuando se le trasladó a planta para que le fuera aplicada una inyección aunque anteriormente, la familia se había negado a aplicársela por miedo al riesgo cardíaco, indicado para dolencias de este tipo.
Según su hija, los médicos hicieron caso omiso a la decisión de la familia de la fallecida y le inyectaron el medicamento. Horas más tarde, los facultativos avisaron a sus hijos de su empeoramiento, informándoles de que había sufrido "un amago de infarto". Durante tres días, la madre de Antonia estuvo en planta con una bomba para dilatar las arterias que finalmente desembocó en un infarto, diagnóstico que Antonia pone en duda ya que su madre "comía y hablaba con las enfermeras", y no tenía aspecto de haber sufrido un infarto.
Después la hija preguntó a los médicos por qué su madre "no estaba en la UCI", y le respondieron que "no la llevaban porque era una persona que tenía varias cosas, que era muy mayor y que allí estaban para salvar vidas", manifestó. Para evitar "los dolores" que podría estar sufriendo su madre, los médicos aplicaron sedantes a la mujer "alegando que eran calmantes", pero a sus familiares no les consultaron "en ningún momento" sobre esta decisión. Una vez aplicados esos calmantes, la enferma "ya no respondía, (...) decía cosas que nunca había dicho y había perdido la consciencia", recuerda su hija.
Nadie les dio explicaciones
En ese momento, la familia insistió en ver a un médico en busca de explicaciones sobre la causa de la sedación. El estado de salud de la anciana siguió empeorando hasta tal punto que los facultativos ya informaron a la familia de "iba a durar de dos a 12 horas". El 4 de enero falleció. Ante estos hechos, Antonia presentó una denuncia ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la cual le respondió que no era competencia suya investigar el caso, por lo que se puso en contacto con la Asociación de Defensa del Paciente que ya ha solicitado a la Fiscalía el acceso al expediente médico de la mujer fallecida.