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Vivienda propone un Pacto del Suelo a rebufo del PP mientras el Plan Trujillo se retrasa

El Ministerio de Vivienda ha propuesto a las CCAA un Pacto de Estado en materia de Suelo para agilizar los trámites de su salida al mercado, movilizar el de titularidad pública, modificar el régimen de valoración y crear un sistema de información urbana. Se da la circunstancia de que el Grupo Popular presentó en el Congreso una Proposición no de ley con idéntico objetivo que fue rechazada por el PSOE. La propuesta popular se basa en el Acuerdo Nacional sobre el Suelo previsto por el anterior Gobierno. Mientras, el plan Trujillo no arrancará hasta finales de año, cuando termina su periodo de ejecución.

El Ministerio de Vivienda ha propuesto a las CCAA un Pacto de Estado en materia de Suelo para agilizar los trámites de su salida al mercado, movilizar el de titularidad pública, modificar el régimen de valoración y crear un sistema de información urbana. Se da la circunstancia de que el Grupo Popular presentó en el Congreso una Proposición no de ley con idéntico objetivo que fue rechazada por el PSOE. La propuesta popular se basa en el Acuerdo Nacional sobre el Suelo previsto por el anterior Gobierno. Mientras, el plan Trujillo no arrancará hasta finales de año, cuando termina su periodo de ejecución.
(Libertad Digital) El director general de Urbanismo y Políticas, Marcos Vaquer, se ha reunido este jueves con sus homólogos de las Comunidades Autónomas para intercambiar sus opiniones sobre el texto redactado por el Ministerio sobre un posible "Acuerdo por las Políticas de Suelo y las Ciudades".

Ese texto, que se remitió a las CCAA el pasado jueves, incluye siete puntos entre los que se encuentra la agilización de los trámites necesarios para que un suelo pueda ser urbanizado, puesto que actualmente ese proceso puede durar incluso años. Otro de los puntos busca que las planificaciones urbanísticas tiendan a lograr un desarrollo urbanístico sostenible, siempre compatible con el intento de ganar competitividad por parte de cada CCAA.

El tercero de los puntos consiste en la modificación del régimen de valoraciones, para ceñirlo a criterios objetivos que eviten la utilización de criterios especulativos. El cuarto punto del texto se centra en la necesidad de movilizar suelo público al servicio del interés general, especialmente para destinarlo a la construcción de viviendas protegidas.
 
Además, la propuesta del Ministerio incluye la recopilación de unas buenas prácticas tanto para el sector privado como para el público, así como la creación de un sistema de información urbana en materia de suelo que permita aumentar la transparencia del sector y sirva de herramienta de trabajo para los poderes públicos. El último punto es más de carácter metodológico, puesto que consiste en el compromiso de mantener una reunión anual entre las mismas partes para realizar un seguimiento de los pasos dados por las CCAA en materia de suelo.
 
El Grupo Popular presentó una Proposición no de Ley el pasado 27 de octubre en el Congreso de los Diputados con idéntico objetivo, que sin embargo fue rechazada por el pleno del Congreso. Esta Proposición no de Ley estaba basada en un Acuerdo Nacional en Materia de suelo y Vivienda propuesto por el anterior Gobierno y aprobado en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo (en enero de 2003) por el Gobierno y diez Comunidades Autónomas (Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Valencia), además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

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