L D (EFE) Tras un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, el Parlamento catalán ha dado luz verde a esta comisión de investigación que incorporará "a sus trabajos a siete expertos de reconocida solvencia y prestigio profesional", con voz pero sin voto. La comisión analizará las "condiciones actuales de adjudicación, financiación y gestión de la obra pública" entre 1999 y 2005, lo que implica el último mandato de CiU, así como la "modificación de estas condiciones".
Entre los objetivos de la comisión figura investigar "los antecedentes y los hechos que han conducido al hundimiento del túnel de maniobras del Carmelo y sus consecuencias". Respecto a los expertos, serán designados "por mayoría de tres quintas partes del voto ponderado de los miembros de la Comisión", podrán "formular preguntas a los comparecientes, estudiar la información que se aporte, proponer demandas de nueva documentación y comparecencias, valorar y redactar la parte técnica del dictamen, incluidas las conclusiones".
La comisión, que finalmente tendrá carácter parlamentario, en contra de lo que pretendía el PSC, estará compuesta por "dos miembros de cada grupo parlamentario" y adoptará sus decisiones "por mayoría por voto ponderado". El pacto entre todos los partidos establece también que la comisión "tendrá un plazo máximo de dos meses" de vigencia, "salvo que el pleno del Parlament autorice expresamente una prórroga, previo informe razonado de esta comisión aprobado por la mayoría de tres quintas partes".
Entre los objetivos de la comisión figura investigar "los antecedentes y los hechos que han conducido al hundimiento del túnel de maniobras del Carmelo y sus consecuencias". Respecto a los expertos, serán designados "por mayoría de tres quintas partes del voto ponderado de los miembros de la Comisión", podrán "formular preguntas a los comparecientes, estudiar la información que se aporte, proponer demandas de nueva documentación y comparecencias, valorar y redactar la parte técnica del dictamen, incluidas las conclusiones".
La comisión, que finalmente tendrá carácter parlamentario, en contra de lo que pretendía el PSC, estará compuesta por "dos miembros de cada grupo parlamentario" y adoptará sus decisiones "por mayoría por voto ponderado". El pacto entre todos los partidos establece también que la comisión "tendrá un plazo máximo de dos meses" de vigencia, "salvo que el pleno del Parlament autorice expresamente una prórroga, previo informe razonado de esta comisión aprobado por la mayoría de tres quintas partes".
Oficina antifraude
El Parlamento ha aprobado también, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno y el PP catalán, la creación de una "oficina antifraude" que dependerá del consejero jefe, Josep Bargalló, una medida que ha contado con la oposición de CiU. La resolución aprobada dice que "la mencionada oficina estará adscrita al departamento de Presidencia, dependerá del consejero jefe y actuará con plena independencia y plenos poderes para la investigación y control del fraude y cualquier actividad ilegal o conducta fraudulenta".
Todos los grupos de la cámara catalana han aprobado una resolución que pide "realizar una nueva inspección a todas las viviendas de la zona del barrio del Carmelo que han sido desalojadas, cinco años después de que acaben las reparaciones, para constatar si se han producido nuevos daños atribuibles a las obras o al funcionamiento del metro".
La cámara autonómica ha acordado pedir que se exima del IRPF las ayudas destinadas a los afectados, instar al gobierno catalán a dotar económicamente "un fondo específico para la rehabilitación integral del barrio del Carmelo y de su entorno", así como otra en favor de la remodelación de GISA.
Los tres grupos que apoyan al gobierno catalán, que han evitado la reprobación del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, han sumado sus votos para pedir "un proyecto ley de creación del Instituto de geología y geofísica de Cataluña" y "un proyecto de ley regulador de la obra pública en Cataluña", ambos en seis meses.
El Parlamento ha aprobado también, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno y el PP catalán, la creación de una "oficina antifraude" que dependerá del consejero jefe, Josep Bargalló, una medida que ha contado con la oposición de CiU. La resolución aprobada dice que "la mencionada oficina estará adscrita al departamento de Presidencia, dependerá del consejero jefe y actuará con plena independencia y plenos poderes para la investigación y control del fraude y cualquier actividad ilegal o conducta fraudulenta".
Todos los grupos de la cámara catalana han aprobado una resolución que pide "realizar una nueva inspección a todas las viviendas de la zona del barrio del Carmelo que han sido desalojadas, cinco años después de que acaben las reparaciones, para constatar si se han producido nuevos daños atribuibles a las obras o al funcionamiento del metro".
La cámara autonómica ha acordado pedir que se exima del IRPF las ayudas destinadas a los afectados, instar al gobierno catalán a dotar económicamente "un fondo específico para la rehabilitación integral del barrio del Carmelo y de su entorno", así como otra en favor de la remodelación de GISA.
Los tres grupos que apoyan al gobierno catalán, que han evitado la reprobación del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, han sumado sus votos para pedir "un proyecto ley de creación del Instituto de geología y geofísica de Cataluña" y "un proyecto de ley regulador de la obra pública en Cataluña", ambos en seis meses.