L D (Europa Press) Nadal se limitó a ofrecer esas dos dimisiones a los grupos de la oposición, que reclamaban ceses al más alto nivel y que apuntaban directamente a su persona como máximo responsable de los sucesos del Carmelo. Por contra, Nadal achacó al anterior Gobierno de CiU "una forma de hacer" que consideró "perverso" y según la que las obras se realizaban a partir de un "proyecto básico del trazado y proyectos constructivos modificados que se iban haciendo y no se aprobaban nunca a tiempo" . Por ello, Nadal consideró una "auténtica inmoralidad" que por parte de CiU se atribuyan "responsabilidades políticas con un menosprecio absoluto y olvido clamoroso de los antecedentes imprescindibles" para comprender lo ocurrido. Asimismo, reprochó a CiU que "no haya hecho en ningún momento el gesto de ponerse a disposición" del Gobierno para lo que hiciera falta en lugar de reclamar responsabilidades urgentes.
El consejero sostuvo que el ya dimisionario Julià, que se reunió al acabar la sesión con el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, y Nadal, "no tiene responsabilidades sobre el control y la dirección" de las obras del Carmelo, aunque sí firmó la orden administrativa de un proyecto modificado no concluido en febrero de 2004. Para Nadal, esta "carencia administrativa no tiene relieve en los daños producidos, pero sí a nivel político". Por ello, dijo que aceptaba su "dimisión con dolor", convencido de que "no le tocaría", ya que su dirección general "no tiene ninguna responsabilidad específica sobre la dirección y el control de las obras que encarga", aunque sí "ha de estar informado sobre la evolución" de las mismas y tiene "facultades para tomar decisiones".
Cesados sin "ninguna responsabilidad"
Asimismo, argumentó la aceptación de la dimisión de Ramon Serra al frente de GISA pese a "no tener ninguna responsabilidad por el daño producido". Nadal admitió que la empresa pública tiene "los instrumentos necesarios y posibles para estar al corriente de cualquier incidencia en las obras" aunque reiteró que "no consta que fuera requerido por las empresas ninguna modificación en el contrato por parte de las empresas". Serra se mantendrá en su puesto en funciones hasta el nombramiento por parte del Conejo Ejecutivo de su sustituto, quien asumirá el encargo del Gobierno de "delimitar responsabilidades en las escalas inferiores" de la empresa.
Nadal se reiteró en su decisión de asumir la "responsabilidad de la continuidad institucional de las obras" licitadas por el anterior Gobierno de CiU a un "ritmo sin precedentes" durante 2003, año electoral, pero lamentó que la federación nacionalista lejos de "ponerse a disposición del Gobierno" haya dado prioridad a sus intereses "partidistas" y se haya lanzado a pedir dimisiones. El consejero aseguró "no haber sabido encontrar una causa única" del suceso y por tanto tampoco "una responsabilidad concluyente", más aún cuando GISA nunca recibió advertencia alguna de peligro en las obras. No obstante, sí ahondó a la hora de exponer los "orígenes remotos" del proyecto y apuntó directamente al estilo del anterior Ejecutivo catalán.
La trayectoria del túnel
Así, explicó que la decisión de aplicar el método austríaco de construcción del túnel de la L5 se toma en noviembre de 2002 y la que adjudicación a la UTE es de julio de 2002, fecha tras la que no se produce "ninguna adjudicación más, ni de la obra ni del proyecto, ni de la dirección de obras" hasta febrero de 2004 cuando el director de Obra Civil, Jordi Rosell, nombrado por el Gobierno de CiU solicita a Julià la autorización para la redacción de un proyecto modificado. Según Nadal, hay un "vacío clamoroso" de actuación de la administración entre julio de 2002 y febrero de 2004, aunque en julio de 2003, el entonces director de Puertos y Transportes, Enric Ticó firmó una resolución para el encargo de la ampliación y redacción del proyecto constructivo, que se adjudica directamente a la UTE que ejecutaba las obras. Nadal denunció que "nada ampara" la modificación de las obras entre 2002 y 2004 y durante ese periodo, en marzo de 2003, se "plantea construir la cola del túnel de maniobras en el Carmelo".
El consejero sostuvo que "desde el inicio de las obras todas las decisiones se toman a partir de esa ubicación" y los sondeos geológicos realizados en 2003 se llevan a cabo "sobre el nuevo trazado" y en base a un proyecto modificado "que no existe" y que se aprueba en febrero de 2004, dos meses después de que el tripartito tome posesión, por lo que "se sigue el método establecido para redactar este tipo de proyectos", incluyendo "las obras que ya estaban hechas y las que se deben acabar". Se trata, dijo de "modificar sin parar nada para hacer la obra en el tiempo y costes" previstos. Nadal consideró que se trata de "una forma de hacer" del anterior Gobierno que se repite en otros proyectos como el del Metro Ligero de Meridiana a Can Cuyàs, que se inauguró en diciembre de 2003 mientras la aprobación del proyecto modificado encargado dos años antes se firmó en abril de 2004.
Debilidad del proyecto
"Si no pasa nada todos tan felices y GISA es excepcional, pero ha pasado, y nos ha caído a nosotros", concluyó. A modo de resumen denunció la "debilidad del proyecto, la modificación no concretada, el exceso de confianza en el método, la recurrencia de los problemas de gestión, la concentración en la adjudicación de la obra y la confianza contumaz en una única empresa de control geológico", todo ello, achacable, según Nadal, al estilo de CiU. Ante este análisis, el consejero se reafirmó en "continuar con más firmeza y radicalidad el proceso de reforma" de la empresa. Nadal consideró que "la perversión del sistema" radica en la excesiva externalización de la contratación "incluso del control", lo que lleva a las empresas adjudicatarias a "autocontrolarse". Por ello, anunció cambios en GISA con el objetivo de "depurar estas perversiones" y dar una "dimensión adecuada a la empresa".
Asimismo, también señaló que la excesiva concentración de la adjudicación en determinadas empresas es "una mala medicina para gestionar una cartera de obras que asciende a un billón de las antiguas pesetas". En esta línea, añadió que el gremio de contratistas había "aceptado las nuevas normas del juego" fijados por el tripartito, pese a que inicialmente habían provocado un "sismo" y "la guerra" entre las empresas a partir de los cambios fijaos en los pliegos de condiciones para la adjudicación de obra pública.