(Libertad Digital) Como viene siendo habitual la falta de información y raquíticas notas de prensa han caracterizado una decisión legislativa del Consejo de Ministros. Aunque tendrá que pasar por las Cortes, por procedimiento de urgencia, la proposición de Ley que ha anunciado este viernes el Gobierno esconde varios caminos por los que el monopolio mediático del Grupo Prisa podrá crecer aún más.
Camuflada en una ley para las Televisiones Digitales Terrestres (TDT), ya de por sí beneficiosa en potencia para Prisa, se ha introducido un matiz a la concentración radiofónica. Con la excusa de que ninguna persona física o jurídica podrá tener más del 50 por ciento de las concesiones radiofónicas en un mismo ámbito de difusión, el Gobierno aumenta a cinco –hasta ahora eran dos en FM y una en Onda Media– las concesiones que puede tener un mismo titular. Con ello, la ya abrumadora presencia de la cadena SER –ilegal en muchos casos tras las sentencias del Supremo contra la absorción de Antena 3 de radio por la cadena SER, conocido como el antenicidio– podrá ser aún mayor.
El Gobierno, con exigua información al respecto, sostiene que la medida busca potenciar la pluralidad, término que, por cierto, esgrime el Supremo para describir la situación que debería quedar tras ejecutar la desconcentración de Antena 3 de Radio y SER. Una vez más, un Consejo de ministros del PSOE –como aquél de 1994 que apeó a Antena 3 del liderazgo en las ondas– legisla a favor del imperio mediático de Jesús Polanco.
Fuentes jurídicas consultas por Libertad Digital aseguram que el contenido de esta proposición de Ley, "aunque se aprobara en sus términos actuales", no alteraría ninguno de los fundamentos jurídicos en que se basa la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "antenicidio": absorción ilegal de Antena 3 de radio por la cadena SER desde el año 1992 y con el aval del Gobierno socialista desde 1994. Es decir, la violación sigue vigente aunque se cambie la legislación. El problema vuelve a ser que el PP no ha sido capaz en ocho años de aplicar una sentencia pese a que el Supremo ha llegado a emitir autos en los que instaba a hacerlo, incluso llamando la atención al Gobierno para que lo hiciera de una vez. El último auto se conoció meses antes del cambio de poder. Ahora le toca al PSOE y ya parece que quiere modificar la ley de espaldas al tribunal.
Las televisiones también más cerca de Polanco
El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga cree que con esta medida se "está intentando favorecer a un operador en concreto" y ha considerado "evidente" que lo que pretende es privilegiar a Canal+ para que pueda emitir en abierto.
Elorriaga ha afirmado esta situación es de "enorme gravedad" y afecta al pluralismo informativo en España", ya que se "está disfrazando de pluralismo una decisión completamente arbitraria que afecta a los intereses de la mayor parte de los españoles. Por eso, el PP ha hecho "un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que con el máximo consenso con el sector, todos juntos, impulsar el pluralismo informativo en plazos razonables".
El pasado miércoles, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán Lleida, preguntó al presidente del Gobierno en la sesión de control, si se iba a ampliar el límite de concesiones para televisiones privadas analógicas de cobertura nacional, a lo que José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no lo descartaba siempre que hubiera posibilidades técnicas y fuese aprobado por la Cámara.
Al igual que Josep Antoni Durán Lleida, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) no es partidaria de este cambio legislativo, ya que considera que la concesión de nuevos canales de televisión estatales en analógico perjudicarían la digitalización e introduciría más incertidumbre en el sector.
Otras modificaciones legales
El texto recoge también que los ayuntamientos podrán gestionar, de forma excepcional si se trata de localidades muy grandes, dos de las cuatro cadenas de televisión local, en lugar de una como sucedía ahora, aunque si no lo desean pueden concederlas al sector privado.
Por lo que respecta a la radiotelevisión por cable, se eliminan las restricciones a la competencia ofreciendo la posibilidad de que aparezcan nuevos operadores.
El proyecto también contempla que las operadoras de televisión local que están operando y que no obtengan las licencias en los concursos convocados, tendrán cuatro meses para dejar de emitir, en lugar de los ocho de la normativa actual.