(Libertad Digital) "Estamos perplejos porque es una decisión que en contra de lo que se dice va en contra del pluralismo informativo. Se ha tomado además sin consultar al sector y sin comunicárselo y es claro que se ha aprobado para favorecer claramente a un grupo de comunicación concreto", han afirmado a Europa Press portavoces oficiales de la COPE.
Esta reacción se produce después de que el Consejo de Ministros diese luz verde el pasado viernes al proyecto de Ley de Medias Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la Televisión por cable y de Fomento del Pluralismo. El proyecto introdujo un artículo relativo a la radio en el que establece que "una misma persona física o jurídica no podrá disponer de más del 50 por ciento de concesiones que coincidan en su ámbito de cobertura, ni más de cinco concesiones en ese mismo ámbito".
Este fue el único párrafo que se facilitó al respecto en la referencia del Consejo de Ministros, que no facilitó la Ley completa, igual que tampoco lo hizo el Ministerio de Industria, cuyo servicio de prensa no descolgó el teléfono en toda la tarde del viernes. Lo que tampoco explicó la vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo fue que este cambio legal suponía aumentar de 2 a 5 las emisoras que una misma persona física o jurídica podía tener en una misma demarcación y que, casualmente, el Grupo Prisa tiene hasta 5 emisoras en numerosas demarcaciones tras la absorción ilegal de Antena3 Radio, motivo por el que fue denunciado ante el Tribunal Supremo y por el que este Tribunal dio la razón a los demandantes.
Onda Cero ya criticó estas medidas el mismo viernes, señalando que el Gobierno pretende "consolidar el abuso de posición dominante del Grupo Prisa" en la radio. El presidente de la emisora, Javier González Ferrari, acusó además al Ejecutivo de aprobar una ley a medida para evitar a Prisa cumplir la sentencia del Supremo sobre Unión Radio, que obliga a desligar las emisoras de la SER de las que en su día integraban Antena 3 Radio.
Aún así, fuentes jurídicas consultas por Libertad Digital han afirmado que el contenido de esta proposición de Ley, "aunque se aprobara en sus términos actuales", no alteraría ninguno de los fundamentos jurídicos en que se basa la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "antenicidio": absorción ilegal de Antena 3 de radio por la cadena SER desde el año 1992 y con el aval del Gobierno socialista desde 1994. Es decir, la violación sigue vigente aunque se cambie la legislación.