(Libertad Digital) En la comisión de Interior convocada para que José Antonio Alonso explique lo ocurrido el sábado 22 de enero en la manifestación de la AVT, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, preguntó qué cauces se siguieron hasta llegar a la detención de los dos militantes del PP. La primera explicación de Alonso duró dos minutos. El resto, según el PP, no aclara nada.
"La Policía ha actuado correctísimamente", dijo Zaplana. Sin embargo criticó la actuación de la delegación del Gobierno por abrir "dos diligencias a pesar de que la segunda, que se abre de forma poco habitual, está cargada de información, de pruebas, de testimonios, de declaraciones". Por si fuera poco se abren nuevas diligencias: "¿Por qué se abre una tercera indagación –pregunta Zaplana–, por qué esa persecución, por qué se adelanta, antes de que ocurra que va a haber detenciones". En definitiva, lamentó Zaplana, "creo que se les ha ido la mano".
Según informa la agencia Europa Press, la versión del ministro del Interior, José Antonio Alonso, es que el Cuerpo Nacional de Policía era "competente en exclusiva" para el desarrollo y toma de decisiones en el curso del atestado que siguió a los hechos. "Los hechos, según dice la Policía, –explicó Alonso– avalan que hay motivos razonables y suficientes para entender que existe el tipo penal", argumentó.
Alonso explicó que a la manifestación acudieron no menos de 35.000 personas y que sobre las 17.45 horas la Policía supo que el ministro de Defensa, José Bono, estaba "siendo objeto de increpaciones, amenazas y zarandeos por algunos manifestantes" y que ello obligó a la Policía Nacional a sacarle de la misma.
Relató también que para investigar los hechos, la Policía abrió "de oficio" un atestado a las 22 horas del mismo día de la manifestación y que su instructor ordenó realizar diferentes actuaciones para esclarecer los hechos, entre ellas la declaración de hasta 14 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, el desplazamiento de agentes al lugar de los hechos para hacer un reconocimiento, la comparecencia de representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la recopilación del material videográfico existente.
Alonso explicó que entre las diligencias, la Policía conoció unas declaraciones del secretario general del PP de las Rozas, Javier Espadas, realizadas en la cadena SER en las que identificaba a dos personas que aparecían en las fotos. Se les preguntó si los que aparecían en la foto eran militantes del PP y respondieron afirmativamente. Después de que los agentes cruzaran éstas y los vídeos con los archivos de DNI, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron identificados "para ver quiénes eran y qué es lo que hacían en la manifestación".
Según el ministro del Interior, la Policía determinó que existían "motivos racionales para entenderlos implicados en los hechos" y que, a la vista de todo ello, el instructor de la diligencias acordó citarles a ellos dos y a Javier Espadas. Afirmó que Barrios y De la Cruz se personaron de forma voluntaria, según consta en la declaración que prestaron, a las 13.00 horas del día 25 y que, a la vista de los hechos, el instructor decidió que, por su presunta vinculación con los delitos de amenazas y atentados, se procedió a informarles de sus derechos constitucionales, lo que incluía la asistencia letrada.
Añadió que el atestado junto con su contenido –los videos, las fotos, las declaraciones y un parte de lesiones a nombre de M.A.G.M., funcionario policial que sufrió dolor, tumefacción y hematomas por traumatismo directo por un objeto contundente en antebrazo y mano izquierdos– fue remitido a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal.
Amenazas y atentado contra la autoridad
Así, afirmó que la Policía, después de su "trabajo profesional", sostiene "la existencia de motivos razonables y suficientes para entender que hay actividad delictiva" y caracteriza los hechos como constitutivos "de amenazas y atentado". En este punto, recordó que la Policía recibió la noticia de que Bono había sido "increpado, amenazado y zarandeado", que analizó los videos, las fotos, el parte de lesiones y las declaraciones públicas de Bono, en las que dijo que había recibido "insultos, agresiones, golpes y puñetazos en las costillas". La figura delictiva de "atentado contra la autoridad", aunque Bono acudiera "como un ciudadano más", está para Alonso "fuera de toda duda"