L D (Europa Press) Según la petición de ayuda judicial, la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 1, que dirige el juez Fernando Grande Marlasca, se inició a raíz de una denuncia que llegó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional y que iba acompañada de las copias de los presuntos certificados de los depósitos bancarios que se habrían abierto en Suiza, a través de un intermediario y a nombre del líder de ERC y de otros miembros de la formación independentista y de la ilegalizada Batasuna.
Lo que hace Grande Marlasca es poner en marcha un auto pendiente de recurso que archivó en su día el juez Guillermo Ruiza Polanco y reactivó Garzón durante su breve sustitución.
En el escrito, el juez afirma: "Que en este Juzgado, se tramitan Diligencias Previas 80/24 virtud de denuncia contra el partido político Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) por su presunta financiación con fondos procedentes de diversas sociedades (Koreva S.L, Vareko S.L, Beroke S.L y Lenkore S.L), mediante la apertura en Suiza de un considerable número de depósitos bancarios a plazo".
La denuncia incluye las copias de los presuntos depósitos que llevan un número de registro y en ellas se especifica el plazo de apertura y vencimiento. Asimismo, aparecen como presuntos titulares, Carod Rovira y otra persona. Esta última varía en cada depósito. En unos casos es el diputado de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco Joseba Álvarez y, en otras, el ex europarlamentario batasuno Koldo Gorostiaga.
Junto al nombre del líder de ERC, aparecen los de otros dirigentes relevantes del partido, como el portavoz en el Parlamento catalán, Joan Ridao, el vicesecretario general de la formación, Carles Bonet, el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huget, el secretario general de Educación de la Generalidad, Ramón Martínez Deu, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella Calvete.
En su escrito, el titular del Juzgado, Fernando Grande Marlasca, se interesa por fondos procedentes de cuatro sociedades, supuestamente depositados por un intermediario suizo en las dos entidades bancarias de ese país. El magistrado pide a las autoridades suizas competentes que "certifique la autenticidad" de los documentos sobre los depósitos que remite. Así, solicita que "en relación a las copias de los certificados de los documentos sobre los depósitos que se adjuntan, se requiera a las entidades bancarias emisoras de los mismos, Bank Leu y Banque Bonhote & CIE S.A., para que se certifique la autenticidad de dichos documentos".
Las sociedades de donde procederían los fondos para la supuesta financiación de ERC son Koreva S.L., Vareko S.L., Beroke S.L. y Lenkore S.L. Ninguna de estas empresas figura en los registros mercantiles español o francés, según comprobaciones realizadas por Europa Press. La mayoría de los 168 depósitos bancarios, supuestamente abiertos en el Bank Leu y la Banque Bonhote & Cie S.A, son de 100.000 francos suizos cada uno, es decir, 65.948,3 euros, aunque hay algunos de 50.000 francos, equivalente a 32.974,15 euros.
Posible conexión con Batasuna
En uno de esos certificados, presuntamente perteneciente al Bank Leu, se dice que los "titulares" son Josep Lluis Carod Rovira y Joseba Álvarez Forcada. A continuación, se señala la dirección de la entidad financiera en Ginebra, el capital (100.000 francos), el periodo de tiempo para el depósito --del 8 de septiembre de 2003 al 7 de septiembre de 2004--, y el nombre y la dirección de Perform Invest & Trading Sarl LTD, sita en el número 14 de la Rue Principal de la localidad suiza de Villeret.
Este documento, uno de los que el juez pide comprobar su autenticidad, está fechado el 8 de septiembre del pasado año en Ginebra y lo firman, por el Banque Leu, Markus Pfister, y por Perform Invest, Martial Schwab. Sin embargo, en la sede de Ginebra del Banque Leu aseguraron este jueves que Schwab trabajó en la entidad hasta 2001. Además, en la actualidad, Perform Invest no figura en la dirección acreditada en el documento.
El Bank Leu es un exclusivo banco de negocios perteneciente al Grupo Credit Suisse y cuenta con oficinas en Zurich, Ginebra, Nassau, Buenos Aires y Sao Paulo. Entre las características con las que se anuncia destaca su "discreción" y "seguridad política". Por su parte, la Banque Bonhôte & CIE, creada en 1815 y con sede en Neuchatel, se dedica a la gestión de fondos y a la asesoría de inversiones y herencias, así como a la "optimización fiscal y creación de estructuras legales".
Otras dos denuncias en febrero
El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona recibió dos denuncias de idéntico contenido en las que se ponía en entredicho la presunta financiación ilegal de ERC a través de la organización terrorista ETA, Herri Batasuna y otras organizaciones, e implicaba a los dirigentes de ERC citados anteriormente.
Las dos denuncias estaban firmadas por un vecino de Barcelona, Francisco Heredia, y por Luis Garcia Rodríguez, miembro del partido político Estado Nacional Europeo, formación que se presentó a las pasadas elecciones generales.
Sendas denuncias, a pesar de que fueron presentadas en Barcelona, iban dirigidas a la Audiencia Nacional, por lo que el juez inicialmente decidió remitirlas a Madrid. No obstante, según explicaron fuentes judiciales a Europa Press, el fiscal recurrió esta decisión y el juez finalmente aceptó profundizar en las citadas denuncias.
Así, el magistrado citó a los dos denunciantes a declarar. Heredia explicó que dicha denuncia se la encontró en el buzón de su casa, en el barrio de la Mina de Barcelona, y que por eso la remitió al juzgado, mientras que el dirigente político explicó que cuando firmó la documentación "pensaba que se trataba de un manifiesto en favor de la lengua castellana".
Por ello, y tras diversas comprobaciones, el juez dictó finalmente el pasado 2 de marzo un auto por el que archivó las denuncias al considerar que tenían "carencia de verosimilitud" y argumentó que las supuestas copias de ingresos en cuentas suizas a nombre de dirigentes de ERC podían haber sido elaborados simplemente "con un ordenador", según consta en el auto del juzgado. Ni fiscal, ni denunciantes recurrieron el auto de archivo de la causa.
Sin embargo, el pasado mes de abril, el juez Baltasar Garzón, en funciones de sustitución del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, remitió un oficio al Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona pidiéndole testimonio del auto de archivo de las denuncias. Dicho auto fue enviado a Madrid el pasado 15 de abril.