(Libertad Digital) La resolución aprobada (281 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron) estima que la liberación de los presos políticos, los “avances significativos en cuanto a la promoción de la democracia y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales básicas” y la autorización al disidente Oswaldo Payá (premio Sajarov 2002 del Parlamento Europeo) a acudir a la Eurocámara son “condiciones sine qua non” para una “eventual modificación de la Posición Común de la UE sobre Cuba”.
"El futuro político de Cuba debe basarse en la voluntad de sus ciudadanos"
Asimismo, condena “enérgicamente” la expulsión de tres eurodiputados –dos holandeses y un español (Jorge Moragas)– que acudieron a la Isla en octubre con la intención de reunirse con varios disidentes, y recuerda que los “objetivos” de la UE en sus relaciones con Cuba “siguen siendo” el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el “fomento” de un “proceso de transición hacia una democracia pluralista”.
“El futuro político en Cuba debe basarse exclusivamente en la voluntad de sus ciudadanos”, concluye el escrito.
La resolución fue promovida por el GPE, y contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de ALDE(liberaldemócratas) y UEN (derecha nacionalista) . La izquierda (socialistas, verdes y comunistas) optó por respaldar un texto alternativo, presentado por el socialista español Miguel Ángel Martínez, donde se pedía un cambio en la política europea hacia la Isla y no se condenaba a la dictadura castrista por la represión que ejerce sobre los demócratas cubanos. Una gran mayoría de los eurodiputados (405) votó en contra de esta propuesta, y sólo 260 la respaldaron.
"Un mensaje claro a los millones de cubanos que no pueden protestar, votar ni escapar"
José Ignacio Salafranca, portavoz del GPE en la Comisión de Exteriores, dijo que la decisión de la Eurocámara es “un mensaje claro a los millones de cubanos que no pueden protestar, votar ni escapar, de que no están solos, de que no han sido abandonados y de que las democracias occidentales están con ellos”. Antonio López-Istúriz, secretario general del PPE, afirmó que significaba un varapalo para las “oscuras maniobras de pasillo del Gobierno socialista español para rebajar las sanciones al régimen de Castro”.