Condenan por copiar la base de datos de Aranzadi a la editorial jurídica que denunció a Donkeymania

(Libertad Digital) La sentencia de la Audiencia de Madrid considera que El Derecho cometió un acto de competencia desleal y violación del derecho de propiedad intelectual sui generis (artículo 133.1 de la Ley Propiedad de la Información) de su competidora, según la información de Expansión. La editorial jurídica condenada tomó de la base de datos elaborada por Aranzadi los fundamentos de sentencias del Tribunal Supremo del periodo comprendido de 1982 a 1993.

 

Fue precisamente con esta base de datos con la que El Derecho consiguió ganar en 1997 el concurso del Consejo General del Poder Judicial por el que se convirtió en el suministrador de sentencias del Supremo para los miembros del poder judicial español. Esto provocó la demanda de Aranzadi, tras lo que hubo una primera sentencia condenatoria. El Derecho anunció que iba a recurrir el fallo judicial, pero al final sus servicios jurídicos han desistido, lo que le ha otorgado el carácter de firme, según ha publicado el diario económico.

 

 

Ahora, El Derecho tendrá que pagar 184.282 euros por daños y perjuicios y otros 60.000 a la editorial Aranzadi en concepto de daño moral. Además, la condenada debe excluir de las bases de datos que comercialice o tenga en su poder las resoluciones del Supremo de entre 1982 y 1993. Podrá volver a utilizarlas cuando las consiga por sus propios medios y realizando la inversión económica necesaria. También debe recuperar los CD que haya distribuido y que incluyan dichos contenidos. Se da la circunstancia de que la editorial condenada forma parte del jurado del Primer Premio Nacional contra la Piratería convocado por la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y que se entrega este jueves.

 

 

El 1 de agosto del año pasado la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, ordenó el cierre cautelar de Donkeymania por ofrecen enlaces a archivos de redes de pares (P2P) que podrían atentar contra la propiedad intelectual. Como reveló Libertad Digital, el caso se inició precisamente por una denuncia interpuesta por El Derecho debido a que el sitio web contenía vínculos al contenido de un CD de una de sus bases de datos. Con posterioridad se sumaron como denunciantes la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE) y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

 

Después de que Carmen Sánchez-Albornoz, destacada miembro de Jueces para la Democracia, ordenara el cierre cautelar de Donkeymania, el abogado de este site, Javier Maestre (del Bufet Almeida) dijo que la primera noticia que los responsables del sitio web tuvieron de que uno de sus enlaces podría dirigir hacia contenidos ilícitos "fue una citación para comparecer ante la Policía".