LD (Agencias) Los objetivos fijados para España en Kioto (primer país que firmó el Protocolo) suponen que tan sólo podrá aumentar sus emisiones de CO2 un 15 por ciento hasta 2012 (con respecto a las que se realizaban en 1990). Según el Protocolo, si se sobrepasan estas emisiones, España tendrá que pagar "derechos de emisión".
La buena marcha de la economía y de la industria, con el rápido crecimiento de la producción en los últimos años, se ve ahora amenazada por estos límites.
Según un estudio de PriceWaterHouseCoopers, España tendrá que asumir 19.213 millones de euros por esas emisiones de más entre 2008 y 2012. Según el socio director del Area de Sostenibilidad, Antonio Carvajal, este importe se deriva del coste directo de unos 2.400 millones de euros al año por los "derechos de emisiones" y de su efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía. Además, la aplicación de la Directiva también provocará un incremento adicional de la inflación del 2,7 por ciento en el año de su puesta en marcha.
Según este informe, España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superarán el umbral comprometido en el año 2010. Por eso, Carvajal apuntó la conveniencia de que España renegocie con la Unión Europea los límites de las emisiones o el calendario de aplicación de la Directiva, puesto que en el momento de la suscripción del acuerdo "era muy difícil calcular de una manera seria el impacto", y "España aceptó Kioto, pero no el harakiri de su economía".
La consultora recuerda también que en estos cálculos no se incluye la pérdida de competitividad que podrían sufrir las empresas españolas, que se traduciría en un menor volumen de exportaciones y en un mayor impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB). El sector más perjudicado por la aplicación de la Directiva será el del transporte, que necesitará adquirir derechos para emitir anualmente 58,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, seguido del eléctrico y del cementero, que en 2010 producirán 12,2 y 9,7 millones de toneladas por encima del umbral establecido.
La consultora recuerda también que en estos cálculos no se incluye la pérdida de competitividad que podrían sufrir las empresas españolas, que se traduciría en un menor volumen de exportaciones y en un mayor impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB). El sector más perjudicado por la aplicación de la Directiva será el del transporte, que necesitará adquirir derechos para emitir anualmente 58,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, seguido del eléctrico y del cementero, que en 2010 producirán 12,2 y 9,7 millones de toneladas por encima del umbral establecido.
La deslocalización de la industria puede incrementar las emisiones
Los expertos de PriceWaterHouseCoopers indican que el encarecimiento de los costes de producción por el pago de derechos de emisión puede provocar la deslocalización (fuga de empresas) de la industria europea en algunos países de la UE, entre ellos España, así como dificultar el asentamiento en la región de multinacionales de otras zonas, como Estados Unidos. Además, la deslocalización de estas industrias hacia países con una producción menos eficiente y sin controles puede tener como consecuencia un aumento neto de las emisiones a nivel global, en contra de los principios de la propia Directiva europea.
También advierten de que la compra de derechos de emisión por parte de países como España, Portugal, Grecia e Italia, a otros más eficientes y capaces de cumplir con creces sus compromisos, como Alemania, Reino Unido y Francia, puede suponer una transferencia de renta en la UE de los países menos avanzados a los más ricos, lo que dificultaría su convergencia económica.