(Libertad Digital) Joseba Azkarraga ha escrito una columna en el diario GARA en el que muestra su indignación por el hecho de que las víctimas de ETA hayan criticado la audiencia del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, con los familiares de presos etarras.
Lo primero que destacaron varios miembros de asociaciones de víctimas fue que en Cataluña no hay presos etarras, por lo que no veían razón alguna para que el representante de la Cámara autonómica tuviera que reunirse con un colectivo, Etxerat, que reclama el acercamiento de reclusos. Pero según Azkarraga, "no es la primera vez que se orquesta un escándalo de esta naturaleza", caracterizado en su opinión, "por la profunda intolerancia y por la ausencia de convicciones democráticas que se esconden tras este tipo de operaciones".
El consejero de Justicia felicita a Benach y, en su defensa, dice que "el único delito que ha cometido consiste en escuchar a quienes le querían transmitir una demanda como la que solicita el fin de la política de dispersión de los presos vascos...". Dice también que "parapetarse en el terrible dolor que los crímenes de ETA provocan para exigir venganza supone renunciar a una política penitenciaria justa y humana que es exigible a todo estado social y democrático de Derecho".
Así que, detrás de la indignación de las víctimas de ETA, Azkarraga sólo ve "un simplismo recurrente, conectado a un interés electoral muy concreto que se empeña en querer identificar nacionalismo vasco con violencia y que ahora se afana especialmente en igualar, para lo negativo, a vascos y catalanes". En suma, lo califica de "ataque fundamentalista contra Ernest Benach" y les llama "sedicentes demócratas (...) que hacen gala del más absoluto desprecio a los derechos que asisten a cualquier persona presa, por horrendo que sea el crimen que haya cometido".
Partidario del acercamiento de presos etarras –él sólo dice "presos vascos"– la segunda parte de su artículo se dedica a criticar al Gobierno de Aznar por haber "puesto el cerrojo a las políticas de reinserción por medio de atajos inadmisibles". El reagrupamiento de reclusos de la banda es una de las demandas que ETA ha convertido en su estandarte. Quiere mayor control sobre el colectivo carcelario al que se encarga de mantener unido y sostenido económicamente a través de asociaciones que ya han sido ilegalizadas. Precisamente el mayor episodio de extorsión a un gobierno exigía esta medida como condición, empezó con un secuestro y acabó en el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.