La reforma de la Ley de Telecomunicaciones obliga a entregar al Estado las claves de cifrado
El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, aprobado en Consejo de Ministros el pasado día 7, obliga a los ciudadanos a entregar sin orden judicial a la Administración datos sobre sus sistemas de cifrado en comunicaciones electrónicas. Esto incluye contraseñas de e-mail o claves para operar con banca electrónica.
(Libertad Digital) El artículo 36 del proyecto de Ley de Telecomunicaciones recoge en su apartado 1: "Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado". El capítulo español del Computer Professionals for Social Responsibiliy (CPRS-ES) ha denunciado por medio de un comunicado que el apartado 2 de dicho artículo impone restricciones a este derecho.
CPRS-ES dice que el artículo 52 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones (LTG) establecía la posibilidad de imponer algunas restricciones al cifrado. Según el comunicado, "el reglamento de desarrollo hubiera podido aclarar la política a seguir sobre la notificación", pero que "nunca fue redactado, y los productos de cifrado fueron usados sin restricciones". La nota añade: "Sin embargo, el panorama está a punto de cambiar. El proyecto de modificación de la LGT introduce una grave amenaza al uso libre de la criptografía".
El nuevo artículo 36, que sustituye al anterior 52, establece entre otras cosas que "se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público las claves, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado". CPRS-ES denuncia que con la nueva redacción "los usuarios de sistemas criptográficos podrán ser obligados a entregar sus claves de cifra a petición de cualquier organismo público, junto con otros datos necesarios para la activación de la clave, como las contraseñas que protegen la clave en algunos sistemas".
La organización denunciante recuerda algunos usos de la criptografía: "Los cajeros automáticos protegen con ella las cuentas corrientes de sus usuarios. El comercio electrónico, la banca on-line y los sistemas de venta por Internet se basan en el cifrado para asegurar la confidencialidad, autenticidad y seguridad de las transacciones a distancia". Añade que esta técnica "es parte fundamental del desarrollo de la Sociedad de la Información. Conscientes de ese ello, los países industrializados se han abstenido de redactar leyes prohibiendo o restringiendo el uso de sistemas o programas criptográficos".
Entre otras "numerosas incógnitas y peligros" que conlleva el cambio en la "política criptográfica", CPRS-ES dice: "Una aplicación rígida de la LGT permitiría acceder a información de carácter altamente sensible de carácter personal como números PIN de tarjetas de crédito, contraseñas de acceso a correo electrónico" y en relación con la telefonía móvil "podría tener graves consecuencias de cara a la inviolabilidad práctica de las comunicaciones". La organización denuncia: "A partir de ahora, el Estado tendrá la potestad de exigir la presentación de una clave bajo petición, sin orden judicial alguna y sin garantías de que dicha clave no vaya a ser usada para descifrar nuestras comunicaciones, pasadas o futuras".
CPRS-ES dice que el artículo 52 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones (LTG) establecía la posibilidad de imponer algunas restricciones al cifrado. Según el comunicado, "el reglamento de desarrollo hubiera podido aclarar la política a seguir sobre la notificación", pero que "nunca fue redactado, y los productos de cifrado fueron usados sin restricciones". La nota añade: "Sin embargo, el panorama está a punto de cambiar. El proyecto de modificación de la LGT introduce una grave amenaza al uso libre de la criptografía".
El nuevo artículo 36, que sustituye al anterior 52, establece entre otras cosas que "se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público las claves, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado". CPRS-ES denuncia que con la nueva redacción "los usuarios de sistemas criptográficos podrán ser obligados a entregar sus claves de cifra a petición de cualquier organismo público, junto con otros datos necesarios para la activación de la clave, como las contraseñas que protegen la clave en algunos sistemas".
La organización denunciante recuerda algunos usos de la criptografía: "Los cajeros automáticos protegen con ella las cuentas corrientes de sus usuarios. El comercio electrónico, la banca on-line y los sistemas de venta por Internet se basan en el cifrado para asegurar la confidencialidad, autenticidad y seguridad de las transacciones a distancia". Añade que esta técnica "es parte fundamental del desarrollo de la Sociedad de la Información. Conscientes de ese ello, los países industrializados se han abstenido de redactar leyes prohibiendo o restringiendo el uso de sistemas o programas criptográficos".
Entre otras "numerosas incógnitas y peligros" que conlleva el cambio en la "política criptográfica", CPRS-ES dice: "Una aplicación rígida de la LGT permitiría acceder a información de carácter altamente sensible de carácter personal como números PIN de tarjetas de crédito, contraseñas de acceso a correo electrónico" y en relación con la telefonía móvil "podría tener graves consecuencias de cara a la inviolabilidad práctica de las comunicaciones". La organización denuncia: "A partir de ahora, el Estado tendrá la potestad de exigir la presentación de una clave bajo petición, sin orden judicial alguna y sin garantías de que dicha clave no vaya a ser usada para descifrar nuestras comunicaciones, pasadas o futuras".
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