LD (EFE) El catalán se está imponiendo en la sociedad incluso a golpe de sentencia. Un juzgado de Girona ha avalado que la Generalidad pueda obligar a los mossos d´esquadra a realizar los atestados en esta lengua ya que, a juicio del magistrado, es la de uso preferente en las administraciones públicas. Esta ha sido la respuesta de la Justicia al recurso interpuesto por un policía autonómico que denunció la vulneración de sus derechos cuando le obligaron a traducir un atestado que había escrito en castellano.
Un juez de Girona ha avalado que la Generalidad pueda obligar a los policías autonómicos de Cataluña a redactar los atestados en catalán, porque, a su juicio, esa es la lengua de uso preferente en las administraciones públicas catalanas.
De este modo, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Girona ha respondido así al recurso interpuesto por un mosso que denunció que se habían vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la igualdad cuando se le obligó el pasado agosto a traducir al catalán un atestado que había redactado en castellano. Según aparece en el diario El Mundo, el agente, adscrito a la Unidad de Investigaciones de Girona-Pla de l´Estanyi, posee el grado C de catalán, aunque sólo se exige el B para su puesto.
En este sentido, el juez destaca que la legislación catalana ya determina "cuál es la lengua a utilizar en la tramitación de los expedientes administrativos" y concluye que no se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente. El magistrado se remite a una ley de 1998 que establece que en los procedimientos administrativos tramitados por la Generalidad "se debe utilizar el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano".
La misma ley señala, además, que la Generalidad "debe usar el catalán en sus actuaciones internas", explica el juez en su resolución. Además, en el razonamiento del magistrado aparece una sentencia de 1994 del Tribunal Constitucional, por la que se establece que el Ejecutivo catalán "está habilitada para determinar el alcance de la co-oficialidad" de los dos idiomas.