Un juez de Toledo ha admitido a trámite una querella contra cuatro administradores de la Hípica Almenara, propiedad de la familia del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, por presuntos delito societario y falseamiento de cuentas anuales.
En el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo se concreta que el objetivo de la investigación abierta es "verificar" los hechos denunciados ya que, "a priori, no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados".
El juez señala que, además de un perjuicio por presunto falseamiento de las cuentas a los socios de la hípica, este caso "atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado".
El juez acepta a trámite esta querella en contra del criterio de la Fiscalía, que no ve delito ni perjuicio para el interés general alegando que el socio mayoritario, José Bono, es "una sola persona física".
La asociación que ejercerá la acusación en solitario -Ciudadanía Anticorrupción- denuncia que a partir de que Bono deja la presidencia de Castilla La Mancha, en el año 2004, no existe reflejo en las cuentas anuales del desarrollo experimentado por las instalaciones de Hípica Almenara. Este período abarca del año 2005 al 2008.
El titular del Juzgado discrepa con la Fiscalía en la fundamentación de la querella, y contradice su postura asegurando que "no está exenta [la querella] de datos y elementos fácticos que como indiciariamente pudieran aparecer como constitutivos de delito".
La clave se encuentra en tres datos concretos: sobre las cuentas anuales de 2004, asegura que " la cifra contabilizada en el inmovilizado no justifica tan formidable inversión en comparación con el ejercicio 2003". Las dudas aumentan cuando en el "pasivo" de ese año tampoco se ve un incremento de la deuda "que permita intuir cómo se ha financiado o pagado la inversión realizada" asegura la resolución.
Por último, la última clave se encuentra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del mismo año, en la que una vez pagados los impuestos registra un resultado neto de 108.912,39 euros, "sin reparto y aplicación de deudas que hubieran justificado el incremento patrimonial de las instalaciones".
Por todo ello, la juez rechaza que se inadmita la querella sin investigar. Exige, "al menos" un "examen íntegro de las cuentas anuales de los ejercicios 2004 a 2008".