(Libertad Digital) Según informó este lunes la Cadena COPE, Eduardo Cardo tiene abiertas tres cuentas con La Caixa en Madrid y, tras el caso Montilla, se siente víctima de una pluralidad de delitos. Este empresario relata cómo La Caixa actúa de forma distinta según sean los clientes y favorece operaciones políticas y empresariales "utilizando fondos de sus impositores". Se trata de una iniciativa que explica con claridad el fondo del escándalo político. La razón por la que lo ha presentado ante el Supremo es que uno de los denunciados, el ministro Montilla, disfruta de condición de aforado.
La denuncia va dirigida contra:
- D. José Montilla Aguilera, actual Ministro de Industria, Comercio y Turismo,
- La Caixa d´Estalvis i pensions de Barcelona, en la persona de su representante legal, con domicilio en la sede de la CAIXA en que son impositores los denunciantes.
- D. Ricard Fornesa, Presidente de la expresada CAIXA.
Tras resumir y documentar las informaciones aparecidas en torno al "caso Montilla", el denunciante explica que:
- "Estas maniobras, públicamente conocidas, perjudican en una parte proporcional, la que sea, los intereses particulares de los denunciantes y la lealtad que se supone a la CAIXA a favor, evidentemente, de sus impositores, ya que la CAIXA está utilizando fondos de sus impositores para proporcionar regalos y dádivas a políticos a cambio de conseguir fines espurios y una ventaja frente a sus competidoras".
Como cliente de La Caixa, Eduardo Cardo percibe una clara discriminación en el trato que la entidad dispensa en función de quién tiene deudas:
- "... Estos hechos han supuesto no sólo un perjuicio económico, sino una discriminación al resto de los clientes de dicha entidad de ahorro y consumidores de sus servicios, entre los que se encuentran los dos denunciantes, puesto que a ellos la CAIXA sí les exige el cumplimiento de los contratos, sin hacerles ninguna condonación, ni descuento, ni tampoco ofrecimiento ventajoso alguno respecto a los servicios prestados, como, por el contrario, si se le ha dado al Sr. MONTILLA y al PSC, buscando claros beneficios y ventajas".
La pluralidad de posibles delitos que percibe el denunciante aparece también recogida en el texto que dice así:
- Una gestión desleal del responsable o responsables de la CAIXA frente a sus clientes e impositores, en la gestión de sus capitales y préstamos.
- Una competencia desleal de la CAIXA frente a las demás entidades y cajas de ahorros.
- Una conspiración fraudulenta concertada con el fin de que si el Sr MONTILLA lograba obtener la cartera ministerial que actualmente ocupa, y por tanto con capacidad de decisión e influencia sobre los intereses de la CAIXA y sus sociedades participadas, la deuda del PSC sería condonada de modo alguno. Como así ha sido.
- Una decisión particular del Sr. FORNESA implicando los intereses de la propia CAIXA y ocultando a la Asamblea General y al Consejo esta trascendente decisión.
- El común acuerdo del representante de la CAIXA (Sr. FORNESA) y el ministro de Industria, para condonar parte de la deuda del PSC, que supone una dádiva y un regalo de dinero privado a favor de un funcionario y de un partido político, cual es el PSC, al que se ha enriquecido injustamente, a cambio, evidentemente, de obtener ventajas privadas y particulares para los intereses de la CAIXA y/o su Presidente.
Por todo ello, Eduardo Cardo y su empresa solicitan al Tribunal Supremo que investigue los hechos ya que José Montilla es ministro y disfruta de condición de aforado. Pide además que el resultado de las investigaciones se ponga en conocimiento de diversas instituciones:
- "En consecuencia, y dado que me considero víctima de una pluralidad de delitos, tanto particularmente como en mi calidad de accionista y Administrador Único de Cross Country, S.L, lo pongo en conocimiento de esta Sala, para que se sirva acordar lo pertinente para la comprobación y averiguación de los hechos y sus autores, dando cuenta de todo ello al Fiscal General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Inspección de Hacienda, a la Inspección del Banco de España y a la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como a cualquier otro organismo que pudiera tener competencia en la depuración de responsabilidades penales y económicas derivadas de los hechos denunciados".