El Tribunal Supremo decide este miércoles si reabre o no la causa contra Francisco Camps por su presunta relación con la trama Gürtel en el caso de los trajes. Sólo horas antes, Hacienda ha filtrado un informe que abre otro frente al presidente valenciano: la presunta financiación irregular del PPCV. Inmediatamente, Génova ha anunciado una querella por falsedad en documento público y prevaricación.
Concretamente, el informe fue solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, y analiza los pagos y cobros de Orange Market en 2007, año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales. Llega a una conclusión: los populares valencianos ocultaron al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros.
Según el documento filtrado, durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad “solamente una parte de los servicios realizados”, pero también prestó otros “que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos”.
Camps se juega su futuro político
En cuanto al veredicto del Alto Tribunal, las cosas, según el PP, no pintan del todo mal para su barón regional. Si bien a primeros de la semana pasada el pesimismo se instalaba en la sede nacional -“las noticias que nos llegan no son buenas”, confesaban, a la par que se reactivaba el plan B para suceder a Camps-, a medida que pasaban los días y que el responsable de Justicia, Federico Trillo, redoblaba sus presiones, la atmósfera cambiaba.
Y, por fin, llegaba la noticia que tanto ansiaba Rajoy. “Camps no será imputado”, le dijeron tanto Trillo como amigos de la judicatura, según las fuentes consultadas por Libertad Digital. La sala que lleva la causa del presidente autonómico está conformada por dos magistrados conservadores, dos progresistas y un quinto que se habría mantenido neutral.
Garzón, ¿palo de negociación?
Las especulaciones son muchas sobre qué palos se podrían haber negociado. Se habla, incluso, de la posibilidad de que el PP rebaje su presión sobre el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón si el TS no actúa contra Camps, extremo al que apunta el diario Levante.
Sin embargo, el que dentro de unas horas Camps quede libre de sospecha en el caso de los trajes -que no de otros asuntos como la vista del Papa a Valencia o la presunta financiación irregular del PPCV, que se apuntala con el informe de Hacienda- es más un deseo que una certeza “al 100%”. “La cosa pinta bien pero con los jueces nunca se sabe”, sentenciaba, en conversación informal con este periódico, un miembro de la cúpula nacional.
Blasco: "Pase lo que pase mañana, no pasará nada"
Oficialmente, la postura de Génova a última hora de la tarde era la de “no se sabe absolutamente nada” aunque “pase lo que pase, el respaldo a Camps seguirá siendo cerrado”. En este sentido se pronunciaba el número dos del presidente, e interlocutor de Génova en el PPCV, Rafael Blasco: “pase lo que pase mañana, no pasará nada”. “Estamos muy tranquilos”, añadió en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces.
Sin embargo, en el mundo de la judicatura no están tan convencidos de que el presidente logre salvarse. “La euforia es excesiva, ante los indicios existentes lo lógico es que el presidente valenciano vuelva a ser imputado”, sentencian las fuentes consultadas, vinculadas al principal partido de la oposición.
Primer escenario: poner en cuarentena a Camps
Dos son los escenarios que se barajan en Génova una vez el Supremo dicte sobre Camps. El primero, al que se agarran con desesperación y que ahora ven más probable, es que el caso “de los tres trajes” deje de ser mañana un quebradero de cabeza. Entonces, el presidente valenciano entrará en cuarentena.
¿Qué significa esto? “Pues que le daremos un plazo para ver si puede recuperar la iniciativa, volver a ilusionar y ganar sin dificultades las elecciones”, resume un miembro del aparato. En caso contrario, el plan B, ya sin la presión del 12-M, volvería a reactivarse y Rita Barberá, Esteban González Pons o Alberto Fabra tendrían que estar preparados para asumir las riendas de la Generalidad.
A lo que no están dispuestos en Madrid es a que Camps convoque elecciones anticipadas si es exculpado, como filtra su equipo de confianza. “Es una estrategia perfectamente calculada para abortar cualquier plan sucesorio”, aseguran.
Segundo escenario: Camps tendría que dimitir
El segundo escenario, el que más atemoriza a los populares, es que el Supremo vea indicios irrefutables para reabrir el caso. Entonces, los acontecimientos se precipitarían. “No podríamos aguantar una presión tan brutal como la que presuponemos que habrá si el TS falla en contra de Camps”, argumentan.
En ese caso, arrancaría el trabajo de despacho, el alejado de los focos públicos, y Rajoy intentaría lo ya desvelado por Libertad Digital: que el presidente valenciano presentara “voluntariamente” su dimisión por “el bien del partido”.
El código ético del PP prohíbe aceptar regalos, atenciones o liberalidades “que no respondan por su importe o causa a los usos y costumbres sociales” así como la promesa de someter anualmente las cuentas del PP a una auditoria externa. Sin embargo, el lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional de su formación, Rajoy no hizo mención alguna sobre la corrupción, tal vez para no echar más leña al fuego, aunque sí matizó su blindaje a Camps e insistió en su respeto hacia la Justicia.