Nuevo día negro para el juez Baltasar Garzón. Por un lado, el Tribunal Supremo ha respaldado de forma unánime la decisión del magistrado Luciano Varela de seguir adelante con la causa que investiga al juez de la Audiencia Nacional por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado todas las intervenciones de las comunicaciones ordenadas por el juez estrella entre los principales imputados de la trama Gürtel y sus letrados en prisión. Sin embargo, éstos no son los dos únicos frentes que mantiene abiertos el titular del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.
Garzón es el primer juez en activo que tiene tres causas pendientes al mismo tiempo ante el Tribunal Supremo: una por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, otra por su causa general que abrió al franquismo y una tercera por ordenar intervenir conversaciones en prisión entre varios imputados en el caso Gürtel y sus abogados.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran los de prevaricación, estafa, cohecho e interceptación ilegal de las escuchas. Hasta en tres ocasiones en los últimos nueves meses la última instancia española ha admitido tres querellas contra el juez por el primero de los citados delitos. Según el Código Penal, la prevaricación consiste en dictar resoluciones falsas a sabiendas de que lo son. Fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital señalan que es “el delito más grave que se le puede atribuir a un juez”. Las condenas por este ilícito penal contemplan la pena de prisión desde uno hasta 4 años, la inhabilitación absoluta de diez a veinte años o/y multa desde seis hasta 24 meses.
Deja de ser intocable
La luz del juez estrella comenzó a apagarse el 27 mayo de 2009 cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite la primera querella contra el juez. Ese día comenzaba el calvario de Garzón que hasta entonces había sido intocable. Entonces, el Alto Tribunal inició el procedimiento judicial que este miércoles ha vuelto a impulsar y que coloca al magistrado con un pie en el banquillo de los acusados.
Garzón se enfrentaba así a su primera querella por prevaricación, interpuesta por el sindicato Manos Limpias, a la que posteriormente se adhirió la asociación Libertad e Identidad y la Falange española. En septiembre de 2009 asistió a su primera cita con la Justicia pero esta vez en el lado de los acusados paar rendir cuentas por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
Desde entonces, todo han sido varapalos para el juez estrella. El 28 de enero de 2010 el Alto Tribunal admitió la segunda querella a trámite contra Garzón. Esta vez por los presuntos delitos de prevaricación, estafa y cohecho por los cobros que supuestamente recibió por parte del banco Santander durante su estancia en Nueva York en los años 2005 y 2006.
Por otro lado, estos mismos hechos fueron denunciados por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea ante el Consejo General del Poder Judicial . Los abogados y querellantes en este causa contra el juez denunciaron que Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se trataría de una falta de inobservancia del deber de abstención ya que tras su regreso a la Audiencia Nacional, tras su periplo por Estados Unidos, el instructor archivó una querella contra varios directivos del Santander, entidad que lo patrocinó.
De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso. El órgano de gobierno de los jueces aún no se ha pronunciado sobre este extremo.
Primer juez con tres causas abiertas
Por otro lado, el pasado 25 de febrero las cosas se complicaron aún más para el juez. En un hecho sin precedentes en la historia judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional se convirtió en el primer miembro de la Carrera con tres querellas admitidas a trámite por el Supremo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió aquel día investigar al juez por los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de las comunicaciones.
Esta admisión a trámite confirmaba los indicios de ilegalidad que varios abogados de la trama Gürtel venían denunciando. Garzón había interceptado las comunicaciones entre los principales imputados en el caso de corrupción y sus abogados. Algo que la ley sólo contempla para los delitos de terrorismo.
Este miércoles, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado dichas escuchas. De esta forma, ahora su error puede tener consecuencias imprevisibles ya que en numerosas ocasiones tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han validado la teoría del árbol envenenado. Según esta jurisprudencia, las pruebas que se han obtenido de forma ilegal para demostrar hechos delictivos no gozan de validez en el proceso judicial.
Sin embargo, hasta hace un mes Garzón se había ido de rositas tras la polémica instrucción que llevó a cabo con la operación Gürtel. Al ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, le costó la cartera pero al juez estrella sólo le valió algunas críticas, aunque también recibió elogios de sus admiradores y la defensa del Gobierno. El motivo fue que juez y parte se fueron juntos de cacería en plena operación judicial.
Expediente disciplinario en el CGPJ
Además, el pasado 9 de febrero la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó por unanimidad iniciar los trámites correspondientes para suspender cautelarmente al juez estrella. Sin embargo, a pesar que hay precedentes en el poder judicial en los que se ha apartado a un juez de su plaza con la mera admisión a trámite de una querella (caso Calamita), el Consejo ha optado por no suspender a Garzón hasta que el Tribunal Supremo mueva ficha y lo siente en el banquillo de los acusados.
Con este panorama, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene bajo llave en su despacho la investigación de unos hechos que según la propia Justicia “adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”. Se trata del chivatazo policial a la banda terrorista ETA.
Garzón ha tenido casi tres años “guardado” el caso en los cajones de su juzgado hasta que el pasado mes de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia lo obligó a reabrir el caso. Ya ni sus allegados se atreven a rebatir que la era Garzón tiene sus días contados.