El brazo político de ETA pedirá este sábado en Bilbao la legalización de su nueva marca, Sortu, en una manifestación a la que se han sumado los sindicatos y los partidos nacionalistas salvo el PNV, que no asistirá oficialmente a pesar de que hay varios miembros de esta formación entre los convocantes.
La marcha, que tendrá por lema "Bakerantz, legalizazioa" (Hacia la paz, legalización), ha sido promovida por un colectivo de personalidades de la vida pública vasca del que forman parte, entre otros, los periodistas Xabier Oleaga y Martxelo Otamendi –absueltos en el caso Egunkaria–, el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, y militantes del PNV como su expresidente Xabier Arzalluz y el ex alcalde de Guecho Iñaki Zarraoa.
A la convocatoria se han ido adhiriendo en los últimos días los principales sindicatos nacionalistas, del mismo modo que lo han hecho Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, así como IU-EB, por parte de los partidos políticos. No la ha secundado el PNV, cuyo presidente, Íñigo Urkullu, avanzó el jueves que su partido no enviaría ninguna representación oficial, "a sabiendas de que militantes acudirán a título personal".
Urkullu, quien en repetidas ocasiones ha abogado por la legalización de Sortu, justificó esta decisión diciendo que Batasuna tiene que recorrer ese camino por sí misma, al tiempo que insistió en que la manifestación "esconde" un segundo objetivo, que es "incordiar al PNV" y "tratar de situarle en el 'ojo del huracán'".
En el escrito firmado por los convocantes de la marcha y que fue hecho público en su presentación se pone de relieve que la legalización de Sortu es "parte inseparable" del logro del objetivo de la paz y se aboga por superar "cualquier vulneración" de derechos que afecte a la ciudadanía vasca.
Tras el registro de sus estatutos en el Ministerio del Interior, Sortu ha venido reclamando su derecho a incorporarse a la vida política, a pesar de que el Gobierno paralizó la inscripción al considerar que era una "continuidad" de la ilegalizada Batasuna.
Los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil remitidos el pasado miércoles a la Fiscalía General del Estado por Interior han sido suficientes para que ésta avalara hoy la tesis del Gobierno y pida al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu.
Estos documentos concluyen que Sortu no es más que un instrumento de Batasuna "al servicio de ETA" y que su rechazo de la violencia es una estratagema para volver a la legalidad.