Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón solicitaron ete martes al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el nombre de los vocales de la Comisión de Disciplinaria que acordó en junio pasado archivar la investigación contra el juez Baltasar Garzón por su viaje a Perú, para poder presentar una querella contra ellos ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación.
En su escrito al órgano de gobierno de los jueces, Panea y Mazón solicitan "la identificación de quienes son las personas físicas componentes de la Comisión Disciplinaria", que acordó el pasado 24 de junio archivar la investigación abierta contra el magistrad
De esta forma, pretenden "evaluar la regularidad de la composición del órgano" que adoptó esta decisión y, en su caso, "la existencia de causas de abstención/recusación, además de la actividad obligatoria en virtud del principio de transparencia que rige la actuación de la administración pública".
Los letrados, que también impulsaron una querella contra Garzón archivada por el CGPJ por los cobros que recibió durante su estancia en Nueva York, solicitan al CGPJ que les entregue la memoria del viaje presentada por Garzón, al considerar que es un documento "necesario para evaluar las posibilidades del recurso". Al margen de este escrito, indicaron que estudian formular el próximo mes de septiembre una querella "contra los vocales de la Comisión Disciplinaria del Consejo que votaron en favor del archivo de la denuncia sin investigación".
La acción penal iría dirigida contra los miembros del CGPJ que votaron a favor del archivo de la investigación, todos los que forman la Comisión Disciplinaria menos Gemma Gallego, que se pronunció en contra. Según Mazón y Panea, los vocales Gabriela Bravo (que sustituyó a José Manuel Gómez Benítez por haber defendido a Garzón en otros procesos), Margarita Uría, Pío Aguirre y Miguel Carmona archivaron la investigación con "un temerario desprecio a la legalidad".
En su denuncia acusaban al juez de "utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar a Perú en 2007". En este sentido, consideraban que el magistrado podría haber cometido una falta muy grave por "faltar a la verdad en la obtención de permisos y ayudas económicas".
La denuncia reflejaba que Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. No obstante, "el juez aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo", según publicó un diario al que aludían los letrados.