El contexto del chivatazo fue la negociación con ETA. Desde este martes, después de que el juez Pablo Ruz haya hecho público el auto donde alza el secreto de sumario sobre una de las comisiones rogatorias de Francia, es lógico afirmar que el instructor piensa que el chivatazo a la red de extorsión de ETA formó parte del diálogo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con los terroristas durante los años 2005 y 2006.
La resolución judicial no da detalles de las conversaciones que mantuvieron los emisarios del Ejecutivo y los etarras pero deja más que claro que la parte más importante de esta instrucción, la que hasta ahora ha permanecido secreta, ha estado dedicada a estudiar la relación que tuvo el soplo en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006 con el diálogo con ETA.
Prueba de ello es que el magistrado del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, llamó a declarar los pasados 31 de enero y 22 de marzo a los intermediarios del Gobierno cuya misión era negociar con la banda criminal.
El juez practicó estos interrogatorios después de que la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert remitiera en comisión rogatoria a la AN la documentación incautada tras su detención al exjefe de ETA, Javier López Peña, alías "Thierry", donde se encontraban las actas de negociación. En dichas actas consta que ETA aparece designada con las siglas claves "E", el intermediario como "Lau", los representantes de la banda criminal "EO" y los del Ejecutivo "GO".
"Realidad, significado y alcance" de la reunión Gobierno-ETA
En concreto, el magistrado cree que la reunión que tuvo lugar el 22 de junio de 2006 entre los terroristas y el Gobierno vino motivada por las detenciones a los extorsionadores de la banda. "En el presente caso, atendido el contenido de los documentos adjuntados por la Autoridad Judicial francesa, relativos a la reunión que supuestamente habría tenido lugar en el marco de los actos preparatorios del posterior proceso de negociación o diálogo entre el Gobierno español y la organización terrorista ETA, en fecha 22 de junio de 2006, a presunta petición de la referida organización, pudiendo haber venido motivado tal encuentro como consecuencia de las detenciones que fueron practicadas el día 20 de junio de 2006".
De esta forma, Ruz se refiere a las detenciones a trece miembros de ETA que se produjeron dos días antes el encuentro y que se frustraron un mes y medio antes debido al soplo policial en el establecimiento de Joseba Elosúa. Según consta en las actas de los terroristas, el emisario del Gobierno de Zapatero respondió al enfado de ETA así: "No sé que deciros, cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros lo estéis. Es un accidente grave. Lo han intentado todo pero no han podido pararlo".
El magistrado señala en la resolución que ha solicitado los datos de ese encuentro ETA-Gobierno porque "su realidad, alcance y significado" es "preciso aclararlo y valorarlo" ya que "se considera pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la presente investigación en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados".
Para profundizar en esta línea de investigación, Ruz acordó la práctica de diversas diligencias enviadas a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En concreto, el magistrado preguntó si constaban en el Ministerio del Interior antecedentes o documentación relativos a la citada reunión, quiénes estuvieron presentes, si el Ejecutivo conservaba el acta o resumen alguno de dicho encuentro por parte del Gobierno, que facilitara la identidad de sus emisarios, informando al mismo tiempo de las responsabilidades públicas que hubieran tenido en el pasado.
Asimismo, el instructor de la Audiencia Nacional preguntó el Ejecutivo si durante las negociaciones intervino "alguna persona física o institución en condición de intermediaria o mediadora entre las dos partes" y si estas personas redactaron algún acta de los diálogos. Una vez recibida la contestación del Gobierno el magistrado tomó declaración a cinco testigos protegidos y a numerosos cargos de la Policía y la Guardia Civil, tal y como publicaron diversos medios de comunicación.
Por otro lado, en el auto hecho publico este martes Ruz explica su decisión de trasladarse a Francia para investigar el soplo: allí tomó declaración a los directores de la policía gala para que reforzasen los datos que aportaba la comisión rogatoria de Le Vert.
El alzamiento del secreto es únicamente parcial ya que el magistrado mantiene protegidos aquellos datos que puedan "comprometer la identidad real de los testigos protegidos" y "su seguridad personal". Fuentes jurídicas han señalado a Libertad Digital que Ruz mantiene ahora secreta otra parte de la documentación que Francia le han enviado recientemente sobre el chivatazo.