Llegó el día. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, desgranó el programa económico con el que pretende alcanzar la presidencia del Gobierno, y del que seguirá dando detalles en el Debate sobre el estado de la Nación. Sin entrar en concreciones, el jefe de la oposición destacó las siete reformas que considera “inaplazables”:
1. Reforma del sistema educativo. Y es que, según esgrimió, “es imposible pensar en una sólida recuperación de futuro si seguimos arrastrando el fracaso escolar más alto de la OCDE”. En este sentido, insistió en que si llega a La Moncloa hará una reforma educativa “que garantice que el castellano sea lengua vehicular. Que amplíe las libertades educativas, fundamentalmente la libertad de elección de los padres, que garantice la existencia de un sistema educativo vertebrado y cohesionado, que establezca unas enseñanzas comunes, asegure la igualdad de oportunidades educativas a todos los jóvenes, garantice el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado y reconozca al profesor como autoridad pública”. También consideró “preciso” elaborar un plan de formación profesional “con intensa participación de las empresas”.
2. Reforma fiscal. Para Rajoy, “los impuestos no son un territorio de confrontación doctrinaria sino un mecanismo que debe hacer compatible la obtención de los recursos necesarios para la financiación de los servicios públicos con la dinamización de la economía y el estímulo al crecimiento”. Partiendo de esta base, reclama una “rebaja selectiva de impuestos” y evitar “la creación de nuevas figuras impositivas o la subida de algunas ya existentes, como el impuesto sobre el ahorro”.
3. Reforma del mercado de trabajo. Considera “imprescindible” abordar cuestiones como la formación profesional, el absentismo laboral, la eficiencia en la cobertura de vacantes y la negociación colectiva.
Dos temas considera “esenciales”. Primero, "asumir" que no es aplicable que la Negociación Colectiva se produzca, como sí ocurría antaño, a un nivel superior al de la empresa. “Hoy tiene más sentido una negociación entre empresarios y trabajadores dentro de la empresa -argumenta- porque sólo dentro de ella se conocen las circunstancias de competencia, innovación, organización (…)”.
El segundo es la formación profesional, cuya reforma laboral debería asumir, a juicio de Rajoy, los siguientes planteamientos: reconocimiento de la formación continua como un verdadero derecho de los trabajadores, la creación de una cuenta de formación asociada al número de cotización de la Seguridad Social y la necesidad de una regulación “clara, sencilla y aplicable” de la extinción de los contratos.
Fue especialmente contundente en este sentido: “la inexistencia de esta regulación es un freno para la creación de empleo estable. La ambigüedad de la misma es un estímulo a una litigiosidad elevada, que también contradice el objetivo de crear empleo de calidad”.
4. Reformas institucionales en el marco de la actividad empresarial. Punto éste en el que promete, si es presidente, normas “claras y aplicables” para los problemas de morosidad, derecho concursal y seguridad jurídica de los contratos, entre otros.
5. Reforma del sistema energético. Concretamente, ofrece un “mix” que suponga “no sólo seguridad, limpieza y renovabilidad, sino también precio” de forma tal que las decisiones de política energética “no mermen la competitividad de las empresas ni el poder adquisitivo de las familias”. Reclama utilizar todas las fuentes de energía, incluida la nuclear.
6. Fortalecimiento de la unidad de mercado. O en otras palabras: eliminar “las barreras ratifícales” que crean “la proliferación de normas y regulaciones autonómicas y locales” y que provocan un freno a la recuperación económica.
7. Reforma de las Administraciones Públicas, a fin de que se conviertan en “impulsoras de la recuperación y no en un lastre a la misma”.
Incluye en esta reforma capital su gran anuncio de la jornada: “es imprescindible una nueva normativa de disciplina presupuestaria que establezca techos de gasto y de endeudamiento de todas las administraciones” por lo que, proclamó Rajoy, “promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria”.
“Debemos avanzar hacia la segunda descentralización, delegándose más competencias a los municipios”, defendió.
Y ya fuera de esas siete reformas, una medida más: reformar la Ley de Cajas para “facilitar la captación de capital en los mercados y separar la gestión bancaria de la fundacional”. Es decir: separar la gestión bancaria de la social.
Rajoy, preparado para gobernar
Así las cosas, Rajoy está convencido de que todo lo anteriormente expuesto “nos ayudaría a superar los embates que nos han castigado en los últimos tiempos”, entre ellos “el más reciente y el más letal” que es “el de la pérdida de reputación”.
“La falta de claridad de la política económica, los discursos trasnochados contra la economía de mercado o contra el equilibrio de las cuentas públicas, han dañado la imagen de un país que hizo de la estabilidad su seña de identidad”, continuó, para acto y seguido mandar un claro mensaje al mundo empresarial: “nosotros, el PP, estamos preparados para sumir la responsabilidad de Gobierno en cualquier momento”.
“Yo estoy dispuesto a liderar esa labor de modernización (…) la cuestión no es si podemos hacerlo o no, la cuestión es cuándo lo vamos a hacer”, concluyó, no sin dar antes la estocada final de su intervención: “estamos preparados para gobernar y poner en marcha hoy mismo ese plan integral de reforma y modernización de la economía española que acabo de plantearles”.