O la sentencia del Estatuto de Cataluña es dictada por los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, o la institución quedará tocada de muerte. Es la opinión del Partido Popular, fijada este domingo, para sorpresa de todos, por Mariano Rajoy, quien ha protagonizado junto con Esperanza Aguirre el inicio de la campaña de los populares madrileños contra la subida impositiva del IVA.
Ante un auditorio entregado -pese a la lluvia más de 2.000 personas abarrotaron el teatro Egaleo y alrededores de Leganés-, el líder de la oposición decidió “ir al grano” ante la retahíla de presiones, encabezadas por José Montilla, para renovar el Alto Tribunal y el silencio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
“El señor Zapatero ha provocado con su actuación una grave crisis económica, social e institucional. Esto es lo que pasa en España, y no quiere hablar. Huye de la responsabilidad que le corresponde como presidente. Yo sí quiero hablar, porque es mi obligación y porque Zapatero calla y nos deja sin referencias institucionales”, arrancó.
Primero: nada de cambiar el árbitro “a mitad de partido”. “Tenemos que ser coherentes y aceptar lo que se firmó, pactó y acordó”, sentenció, no sin recordar que la elección de los miembros del Constitucional “la hemos elegido todos, españoles y partidos”. Por ello, un cambio de magistrados ahora “sería un torpedo de flotación” al Alto Tribunal y “dañaría para siempre a la institución y liquidaría su futuro”.
“Hay un sinfín de alternativas planteadas por medios de comunicación, partidos políticos o algunas personas y el señor Zapatero no dice nada”, se quejó, para después insistir: “no se pueden cambiar las reglas del juego, no es aceptable y no lo aceptamos”.
En este sentido, recordó que el año pasado planteó al jefe del Ejecutivo una renovación de este órgano “y él lo vetó”. “Ahora recoge tempestades”, proclamó, ante los gritos de “Zapatero, dimisión” de los centenares de asistentes al acto.
"Queremos que el TC resuelva cuanto antes"
Tras la advertencia, una petición: “queremos que el TC resuelva cuanto antes”. En la sede nacional de los populares consideran “necesario” que haya una sentencia antes del verano habida cuenta de que todo hace indicar que las elecciones catalanas serán convocadas a la vuelta de las vacaciones estivales.
En todo este contexto, el presidente popular llamó a la “mesura, la sensatez y la responsabilidad” y pidió huir de “la exageración y el radicalismo”. En este sentido, volvió a reiterar que su partido “respetará las sentencias de los tribunales y defenderá su independencia”.
Una máxima que también le reclama a Zapatero, a quien le ha sacado los colores refranero en mano: “quien mal anda mal acaba”. “Fue Zapatero y no los nacionalistas quienes pusieron en marcha este estatuto, quien engañó a los ciudadanos de cataluña (…) ahora no sabe lo que hacer y nosotros recogemos los errores de su irresponsabilidad”.
Pide a Zapatero que "deje en paz" al TS
Y de un tribunal a otro. Rajoy calificó de “inaceptable”" las presiones que está sufriendo el Tribunal Supremo por el proceso al juez Baltasar Garzón y reclamó “contundencia” al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante los “ataques” a ese tribunal.
Puso en la diana de su acusación al Gobierno y, en especial, al presidente, a quienes les instó a que hagan su trabajo “y dejen en paz al resto de las instituciones”.
En el mismo acto, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se refirió a este asunto en el contexto de sus críticas generales a los socialistas, a los que acusó de “enturbiar la atmósfera política” y “embarrar el campo de juego” cuando sienten que van a perder el poder.
De ahí que entre las “maniobras” que utiliza el PSOE haya citado la aprobación de la ley de memoria histórica “para acabar con la voluntad de reconciliación y concordia que impulsaron la Transición y la Constitución”.
Entre las pancartas que portaban algunos de los asistentes al acto, alguna de ellas hacía alusión a la situación de Baltasar Garzón. Concretamente, en una podía leerse “Berzosa dimisión”, en referencia al hecho de que el rector de la Universidad Complutense permitiera un acto en las instalaciones de esta institución en la que se utilizaron términos guerracivilistas.