El pasado miércoles 9 de febrero, la Asociación Justitia et Veritas, bajo la dirección letrada del ex-diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella se dirige también contra su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.
En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas aporta un análisis de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio. De ese análisis se desprende, a juicio de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible... con toda actividad profesional o mercantil".
La querella hace también un análisis de las informaciones periodísticas publicadas a lo largo de los últimos meses, del que se desprendería que diversas empresas realizaron distintas dádivas a la propia familia de José Bono o a sus empresas mientras Bono ocupó los cargos de presidente de Castilla-La Mancha y de ministro de Defensa.
Finalmente, la querella plantea la posible existencia de delito fiscal en relación con la venta de las fincas heredadas de sus padres y extiende la acusación a la esposa de José Bono, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.
La querella solicita que la Sala Segunda del Tribunal Supremo practique diversas diligencias, entre las que se incluyen la toma de declaración a Rafael Santamaría y Francisco Hernando, además de a los propios querellados.