Por eso ha presentado hasta 65 sugerencias a la reforma del Estatuto presentada el viernes, en un borrador que plantea que "La Rioja tenga el mismo nivel competencial que cualquier otra comunidad".
Para esa tarea, señala El Mundo, Sanz ya tiene el apoyo y colaboración del PSOE en la oposición, lo que "evitará el pim pam pum de enmiendas en Congreso y Senado". Su iniciativa ha sido recibida con frialdad por la que la dirección nacional del PP.
Pasadas las tres semanas del fallo del TC, dice El Mundo, Génova confiaba en abortar nuevas propuestas de este estilo. Así hubo de hacerlo al día siguiente de la sentencia, con el presidente valenciano Francisco Camps dando marcha atrás en la aplicación de su Estatuto y que faculta la reforma para igualarlo a otros estatutos de autonomía.
En el PP confiesan su preocupación, ya que la situación política de Sanz no es tan precaria como la de Camps y la "salida de tono" y su "posición egoísta", como lo describen desde allí, podría perjudicar las aspiraciones nacionales del partido.
La reforma de La Rioja tiene ciertas singularidades. Sus tres pilares básicos, señala El Mundo, están todas referidos en torno a la lengua española; nuevas competencias relacionadas con el vino y el agua ("en términos muy similares a los nuevos estatutos de Cataluña y Aragón"), y una nueva financiación que compense "los perjuicios del efecto frontera" de los territorios forales.
Sanz propone para "garantizar la efectividad de la compensación" en la financiación "la revisión bienal del sistema" y la regulación de funciones de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros entre el Estado y La Rioja. Contempla también la "compatibilidad" de este órgano de relación en materia de financiación "con el respeto a las decidiones de los órganos de carácter multilateral".
"El Estado deberá adoptar cuantas medidas preventivas sean precisas para evitar que el ejercicio de las potestades tributarias forales se traduzca en perjuicios para La Rioja", estableciendo, por si fuera poco, "un mínimo de inversión anual del Estado en La Rioja" que debe "corresponderse con su inversión media en el conjunto de las comunidades".