LD (Ángela Martialay) El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido este lunes un auto en el que procesa a Mikel Garikoitz, alías Txeroki, Joseba Aranibar, Mikel San Sebastián, Mattin Sarasola Oyarzábal e Igor Portu integrantes del grupo Elurra de ETA, como responsables del atentado de la T-4 que rompió de facto la tregua de la banda terrorista.
Por ello, el juez llama a declarar a los cuatro etarras citados el próximo día 4 de diciembre a la sede de la Audiencia Nacional y decreta la busca y captura de Txeroki y Aranibar, así como la libertad de Joseba Iturbide, ya que "sólo podría imputársele el delito de integración en organización terrorista" por pertenencia al Elurra, sumario del que se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 2. A todos ellos se les imputa delitos de asesinato terrorista y estragos terroristas.
Según señala el documento judicial, en el verano de 2006 la dirección de la organización terrorista ETA encomendó al "grupo Elurra" de la banda colocar una furgoneta bomba en el aeropuerto de Barajas de Madrid. Aranibar acordó con Txeroki encontrarse en el Valle de Baztan donde se fraguó las pautas y directrices concretas que se seguirían para atentar en el aeropuerto madrileño. Dicho acto terrorista acabó con la vida de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, hirió a 68 personas más y provocó numerosos daños materiales.
Portu avisó de la colocación de la bomba
Tal y como revela el auto, fueron los miembros de este grupo de ETA quienes consiguieron la furgoneta con la que se montó el atentado y los responsables de su robo y posterior secuestro de su propietario. Asimismo, Igor Portu fue el encargado de hacer la llamada en la que la banda anunció sobre la colocación de una potente furgoneta-bomba en el parking D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid.“Se trata de una Renault Trafic granate matrícula 6405-DKY, que va a explotar a las 9, dentro de una hora; subrayamos que se trata de una furgoneta-bomba de gran potencia, así como que cualquier intento de desactivarla supondría un gran riesgo y una grave irresponsabilidad”, subrayaron los terroristas.
Por último, el juez Pedraz pide a los procesados que presten una fianza de 35 millones de euros en las próximas 24 horas como multa por los daños causos, pasándose a embargar los bienes de los mismos en caso de insolvencia.