(Libertad Digital) Los guardias civiles están indignados con la campaña que desde el Ministerio del Interior y la Dirección General del Cuerpo han llevado a cabo tras la manifestación que realizaron el pasado sábado en Madrid en la que exigieron dignidad profesional y la equiparación de salarios con las policías autonómicas.
Por ello, desde la Unión de Oficiales del Instituto Armado han enviado una carta a los partidos políticos para que pidan la comparecencia del director de la Guardia Civil y de la Policía Francisco Javier Velázquez. Con esta misiva pretenden que los partidos, ante el "sorprendente ataque a los derechos de los guardias" se pregunten por qué se niega el derecho a manifestarse a los agentes mientras "a los asesinos de nuestras familias y de nuestros amigos les dan beneficios penitenciarios".
A su juicio, el Gobierno ha conseguido desviar la atención de las verdaderas reivindicaciones de la manifestación centrando toda la polémica en la teórica prohibición de manifestarse. "Los guardias civiles no éramos el problema de esta manifestación" ya que "la reivindicación principal era la diferencia salarial con las policías autonómicas".
De hecho, las diferencias de sueldos entre la Benemérita y los Mossos o la Ertainzta puede llegar a los 500 euros mensuales en la escala básica. Denuncian que "no tiene ningún sentido que haya estas diferencias cuando el dinero sale de la misma caja".
Ante los repetidos mensajes del Gobierno, la Unión de Oficiales aclaró que "no se puede decir que los guardias civiles incumplen la ley" al manifestarse y lanzó un mensaje al Ejecutivo al sentenciar que en primer lugar "tendría que decirlo alguien que cumple la ley". En este sentido, explicó en COPE que en 2007 se aprobó una normativo sobre los derechos y deberes de los agentes que permitía la manifestación mientras se fuera de paisano y sin armas.
Además, han acusado a la dirección del Instituto Armado de tener mala intención a la hora de sancionar a los agentes que acudieran a la marcha del pasado sábado. Por un lado pretendían sancionar con una falta muy grave a cada guardia que acudiese a la manifestación mientras que con el envío urgente de una circular el jueves que prohibía la asistencia se quería acusar de otra falta muy grave de desobediencia.