LD (EFE) La implantación de la nueva Oficina Judicial comienza su andadura este viernes con la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que reparte la carga de trabajo entre el juez y el secretario judicial con el objetivo de modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Con esta reforma se persigue que los jueces se dediquen a la tarea que les encomienda la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado , y atribuir a los secretarios judicial es labores más burocráticas que hasta ahora realizaban los magistrados.
Para la puesta en marcha de este nuevo diseño han sido precisas varias reformas legislativas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También se reforman distintos aspectos de otras normas, entre ellas, la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley Hipotecaria, además de la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Una reforma impulsada por el Gobierno del PP
Este nuevo modelo es un proyecto que comenzó a perfilarse en la última legislatura del PP cuando, dirigido por José María Michavila, el Ministerio de Justicia planeó una reforma de la oficina judicial para poner al día el trabajo de los tribunales mediante el reparto de tareas entre el juez y los secretarios judicial es.
Los plazos de su puesta en marcha se han ido alargando y, tras la decisión del Consejo de Ministros, se prevé que la implantación de la oficina judicial en todo el territorio nacional se complete en 2011. Todos los agentes de la Justicia han estado de acuerdo en el reforzamiento del papel de los secretarios ya que, como técnicos en Derecho, pueden responsabilizarse de materias que hasta ahora tenía que tramitar el juez, sustrayéndole tiempo para dictar sentencias.
Entre ellas, los secretarios contarán con nuevas competencias en el proceso de admisión a trámite de las demandas, en los señalamientos y en la ejecución. El principal punto de desacuerdo de los secretarios judicial es con el anteproyecto de ley ha sido la eliminación de la hasta ahora obligatoria presencia de estos funcionarios en las vistas -para dar fe pública-, reforma que éstos consideran que restará garantías al proceso. Por el contrario, el Ministerio de Justicia opina que esta presencia será innecesaria en los casos en los que el juicio pueda ser grabado.
Redifinición de las funciones de los secretarios
El proyecto encomienda al secretario la subsanación de los defectos formales de las demandas, denuncias y querellas, la conciliación, las diligencias materiales para despachar la ejecución hasta el embargo de los bienes, y el control de los requisitos para interponer un recurso, entre otras.
Los jueces han dado su visto bueno a esta reforma que les permitirá dedicar todos sus esfuerzos a juzgar y dictar sentencias y contribuirá, según el Consejo General del Poder Judicial , a superar la "desaconsejable dispersión" o diversidad de prácticas que se venía produciendo hasta ahora.
La mayor discrepancia surgida en la carrera judicial ha sido su posición en contra de que se faculte a los secretarios para señalar la fecha y hora de los juicios. A pesar de avalar el proyecto, el CGPJ pidió una "reflexión" al Gobierno sobre la atribución a los secretarios judicial es de esa competencia que los jueces pretendían mantener, al considerar que son ellos quienes mejor conocen la complejidad de cada causa y pueden, por tanto, decidir con mayor capacidad la prioridad de unos señalamientos sobre otros.
Para la puesta en marcha de este nuevo diseño han sido precisas varias reformas legislativas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También se reforman distintos aspectos de otras normas, entre ellas, la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley Hipotecaria, además de la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Una reforma impulsada por el Gobierno del PP
Este nuevo modelo es un proyecto que comenzó a perfilarse en la última legislatura del PP cuando, dirigido por José María Michavila, el Ministerio de Justicia planeó una reforma de la oficina judicial para poner al día el trabajo de los tribunales mediante el reparto de tareas entre el juez y los secretarios judicial es.
Los plazos de su puesta en marcha se han ido alargando y, tras la decisión del Consejo de Ministros, se prevé que la implantación de la oficina judicial en todo el territorio nacional se complete en 2011. Todos los agentes de la Justicia han estado de acuerdo en el reforzamiento del papel de los secretarios ya que, como técnicos en Derecho, pueden responsabilizarse de materias que hasta ahora tenía que tramitar el juez, sustrayéndole tiempo para dictar sentencias.
Entre ellas, los secretarios contarán con nuevas competencias en el proceso de admisión a trámite de las demandas, en los señalamientos y en la ejecución. El principal punto de desacuerdo de los secretarios judicial es con el anteproyecto de ley ha sido la eliminación de la hasta ahora obligatoria presencia de estos funcionarios en las vistas -para dar fe pública-, reforma que éstos consideran que restará garantías al proceso. Por el contrario, el Ministerio de Justicia opina que esta presencia será innecesaria en los casos en los que el juicio pueda ser grabado.
Redifinición de las funciones de los secretarios
El proyecto encomienda al secretario la subsanación de los defectos formales de las demandas, denuncias y querellas, la conciliación, las diligencias materiales para despachar la ejecución hasta el embargo de los bienes, y el control de los requisitos para interponer un recurso, entre otras.
Los jueces han dado su visto bueno a esta reforma que les permitirá dedicar todos sus esfuerzos a juzgar y dictar sentencias y contribuirá, según el Consejo General del Poder Judicial , a superar la "desaconsejable dispersión" o diversidad de prácticas que se venía produciendo hasta ahora.
La mayor discrepancia surgida en la carrera judicial ha sido su posición en contra de que se faculte a los secretarios para señalar la fecha y hora de los juicios. A pesar de avalar el proyecto, el CGPJ pidió una "reflexión" al Gobierno sobre la atribución a los secretarios judicial es de esa competencia que los jueces pretendían mantener, al considerar que son ellos quienes mejor conocen la complejidad de cada causa y pueden, por tanto, decidir con mayor capacidad la prioridad de unos señalamientos sobre otros.