La vocal Margarita Robles ha presentado este martes un escrito ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial donde ha decidido apartarse del trámite iniciado en el gobierno de los jueces para suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Robles se ha abstenido después de que la Comisión Permanente acordara este martes aplazar su decisión sobre la suspensión de Garzón hasta que el pleno del CGPJ resuelva las recusaciones planteadas por el magistrado contra ella, contra el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y contra la vocal Gemma Gallego.
En un contundente escrito, la vocal elegida a propuesta del PSOE dice que se aleja del caso Garzón para que “no pueda ponerse en cuestión, como en su día le ocurrió a él, mi apariencia de objetividad”. Además, sostiene Robles que “la abstención es una actitud o decisión personal de quien opta por apartarse del conocimiento o resolución de algún procedimiento”, por lo que añade, su petición, en consecuencia, es “impropia”.
"No hay enemistad"
El pasado viernes Garzón acusó a Robles de procesarle "enemistad profunda" desde que ambos coincidieron en los años noventa en el último Gobierno de Felipe González. Ahora, la ex secretaria de Estado de Interior “rechaza de forma categórica” dicha enemistad y califica la relación “personal y profesional” que “desde hace mucho años” han mantenido (ambos fueron compañeros de promoción) como “respetuosa”.
En sus alegaciones, Garzón señalaba una supuesta intervención de la vocal en la reunión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 9 de febrero, donde se decidió iniciar los trámites para la suspensión del juez pidiendo un informe a la Fiscalía. Sobre este encuentro, Robles dice que lo sostenido por el juez de la Audiencia Nacional son meras especulaciones expuestas en algunos medios de comunicación (la información la publicó El País en el marco de su campaña a favor de Garzón) "que no se corresponden en absoluto con lo allí ocurrido", y que obvian que la decisión de pedir informe al fiscal se adoptó por unanimidad.
"No acierta a comprenderse que el magistrado señor Garzón que siempre ha proclamado el rigor fáctico y jurídico de sus actuaciones, funde ahora sus alegaciones en informaciones carentes de veracidad que ni se corresponden con la realidad ni se basan, ni pueden hacerlo, en certificaciones o acuerdos motivados en forma por el Consejo", añade el escrito.
No obstante, la vocal del CGPJ reconoce "el hecho objetivo de la coincidencia en funciones públicas" que denunció Garzón. Sorprendentemente, para justificar que Robles no sería imparcial a la hora de decidir sobre su suspensión cautelar, el juez estrella citó el pasado viernes la sentencia de Estrasburgo donde se le acusaba a él mismo de estar contaminado a la hora de instruir el caso Marey.
Ahora, la vocal cuestionada también menciona dicha sentencia en su escrito. Con una diferencia: según Robles ella va a hacer ahora “lo que no hizo Garzón en la instrucción de la causa 17/1989 (trama GAL) seguida contra personas con las que estuvo en contacto en el contexto de su cargo en el Gobierno”, abstenerse.
Antiguas rencillas
Y lo hará porque ambos coincidieron en el Ejecutivo socialista de Felipe González. El juez de la Audiencia Nacional desempeñó el cargo de delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, mientras la vocal desempeñaba el de subsecretaria del Ministerio de Justicia (1993-1994) antes de haber sido nombrada secretaria de Estado de Interior.
Sobre este último cargo, Robles recuerda en su escrito que el juez estrella quiso ser el número dos de Interior en el último gobierno de Felipe Gónzalez. “Según varios medios de comunicación de la época”, señala la vocal, Garzón “aspiraba" a ser secretario de Estado de Interior por aquel entonces. Robles añade que el hecho de que el juez no lo consiguiese, siempre “según tales medios”, determinó que Garzón "abandonara la política y volviera al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde continuó la instrucción de causas que había dejado pendientes".
Además, la juez quiere evitar que su intervención en este expediente pueda servir de “pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia e imparcialidad”. Asimismo, la vocal tampoco está dispuesta a que su “participación” pueda ser utilizada para desviar “la atención de las cuestiones jurídicas de fondo”, es decir, de la suspensión cautelar del titular de juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional imputado en tres procedimientos ante el Tribunal Supremo.
Por otro lado, los otros dos vocales a los que Garzón acusa de enemistad, Fernando de Rosa y Gemma Gallego, no se han pronunciado sobre si se abstendrán, tal y como ha pedido el titular del juzgado de instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, o no.
Ahora, la Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado dar traslado al informe del juez de la Audiencia Nacional a los vocales recusados. Si ninguno de ellos decide apartarse a petición propia, será el Pleno del CGPJ el que deberá aprobar o rechazar su recusación.