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Los periódicos del editorial único, regados con millones desde el poder

La "libertad de expresión" de la que presumen los medios que dieron soporte y apoyo al editorial para presionar a los miembros del Tribunal Constitucional es sumamente rentable: según algunos cálculos en 2010 podrían recibir hasta 90 millones de euros de dinero público.

Según publica este viernes El Mundo, los 12 periódicos que publicaron este jueves el editorial común para presionar a los miembros del Tribunal Constitucional que decidirán sobre el Estatuto de Cataluña, ingresarán durante el año 2010 una prodigiosa cantidad de dinero público: entre ayudas directas, publicidad institucional y suscripciones en instituciones públicas podrían alcanzar los 90 millones de euros.

Esto sin tener en cuenta que alguno de ellos es sostenido directamente con dinero público, como Avui que tiene un 20 % de participación pública en su accionariado, o dos de las radios que ayer corrieron a adherirse al editorial: Catalunya Radio y COM Radio, son directamente propiedad de instituciones públicas como la Generalidad o la Diputación de Barcelona.

Ayudas directas y publicidad

En los presupuestos del 2010 la partida para ayudas directas a los medios de comunicación es de 19,3 millones de euros. Estas subvenciones se distribuyen en distintos conceptos como las "ayudas para establecer un espacio catalán de comunicación", las destinadas a los medios que se publiquen en idioma catalán o en aranés o las que reciben las publicaciones digitales.

Otra cantidad significativa son los 9,4 millones de euros destinados a suscripciones de prensa, bien sea periódicos (entre los que estarían todos los firmantes del "editorial – manifiesto") revistas u otro tipo de soportes.

A estos conceptos habría que sumar unos 70 millones de euros destinados a publicidad institucional, es decir, a campañas publicitarias de la propia Generalidad o de sus diferentes departamentos. Esta partida crecería según La Gaceta hasta los 78 millones y, además, a ella habría que sumar la publicidad de otras instituciones, principalmente las diputaciones provinciales pero también los ayuntamientos.

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