Los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de Interior José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre salieron este jueves del juzgado de Plaza Castilla negando los presuntos seguimientos al ex consejero Alfredo Prada o haber seguido órdenes de cargos políticos para llevarlos a cabo y sin la interposición de fianza o de otras medidas cautelares por parte de la jueza del Juzgado de Instrucción número 5.
Así lo explicó a los periodistas el abogado de los tres imputados, Enrique Molina, que sostuvo que los asesores declararon que se limitaron a llevar a cabo su labor de control y supervisión de edificios y la relacionada con la seguridad de algunos cargos públicos de la Comunidad de Madrid, concretamente los relativos a la Presidencia, Vicepresidencia y determinadas consejerías.
Una de las preguntas que le hizo a los imputados durante la declaración es si recibían instrucciones de alguna persona con responsabilidad política, a lo que los tres contestaron, siempre según Molina, que "nunca han recibido ninguna indicación o instrucción de nadie para realizar actos ajenos a su función". Las funciones 'legales' que realizaban (supervisión de edificios y seguridad de determinados cargos de la Comunidad) partían de las órdenes de su superior, el director general de Seguridad, Sergio Gamón.
El letrado sostuvo tras la declaración de los imputados, que se prolongó durante más de dos horas, que con ella se ha demostrado que el informe policial sobre la localización de los teléfonos móviles, que venía a corroborar la existencia de los supuestos espionajes, está "plagado de lagunas".
"Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de estas personas y no se reconoce ni la autoría de los papeles y de los partes que se han publicado en prensa en los últimos días", aseveró el letrado.
Molina argumentó que esos partes "no se corresponden con la redacción propia de un funcionario que se ha educado en los parámetros que impone la Guardia Civil porque no son en absoluto profesionales y, por lo tanto, no los habría hecho ninguna de estas personas".
Manifestó además que el contenido de los partes queda desmontado "a través de otras pruebas que justifican que las personas que dicen que han sido objeto de seguimiento no estaban en esos lugares ni en las fechas indicadas ya que, incluso, se encontraban fuera de España".
"No reconocen la autoría (de los partes), no hay seguimiento ni participación en la elaboración de los documentos", subrayó el abogado. En todo caso, la jueza ha establecido que los tres ex agentes pasen por una prueba caligráfica para determinar si su letra coincide con las anotaciones manuscritas que aparecen en dichos partes.
El abogado adelantó que esta iniciativa resultará negativa, como ya pasó con la realizada a instancias de parte de los imputados. "El resultado pericial fue negativo pero si el juzgado estima que hay que hacerlo (se hará) con toda tranquilidad", añadió. Ahora será un organismo oficial el que emita el informe, que podría llegar al juzgado en septiembre u octubre.
El letrado continuó aportando datos para desmontar la veracidad del informe policial y los posicionamientos telefónicos en los seguimientos al ex consejero Prada. Tras la declaración sostuvo que parecía que todo se había hecho "a la inversa de lo que debería ser un informe policial".
"En ocasiones se suprimen los posicionamientos de teléfono porque no interesa meterlos y en otras se meten posicionamientos que no corresponden al teléfono en cuestión", expuso tras señalar que los listados telefónicos alcanzan casi los 15.000 números. "Hay que verlos uno por uno y he tenido la oportunidad de ver muchos de ellos y puedo decir que no se corresponden con lo que contiene el informe de la policía, que se ha hecho con demasiada premura o con una ligereza que no merecía el caso".
Por otro lado, Molina insistió en que salieron del juzgado sin medidas cautelares de ningún tipo los tres asesores imputados por un delito de malversación de fondos públicos porque "jamás un funcionario que no tiene a su disposición caudales públicos para aprovecharse de ellos puede cometer un delito de malversación". Ninguna de las partes personadas, esto es, los representantes de Prada, Cobo, PSOE y PP --este último personado como acusación popular en las últimas horas-- han pedido medidas cautelares, ni tampoco la Fiscalía.
Con los interrogatorios de esta mañana, la jueza descartaba archivar las diligencias y cumplía así con parte de la solicitud de los servicios jurídicos de Prada, cuando pidieron hace unas semanas que fueran imputados dos técnicos y seis asesores del departamento de Francisco Granados, conforme a los datos de los informes policiales, incluidos los posicionamientos de los teléfonos móviles, sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió el ex consejero entre abril y mayo de 2008.
Molina adelantó que es "previsible" que la próxima persona que vaya a declarar en septiembre, ya que en agosto no habrá diligencias, será el director general de Seguridad, que instruía a los tres imputados hoy sobre las diligencias a practicar.
El abogado de los tres ex guardias civiles llamados hoy a declarar aclaró que la comparecencia ante la jueza sirvió también para demostrar que ningún cargo político les colocó a dedo en la consejería. "Se declara que el acceso no es digital por parte del consejero (de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados) sino que se trata de funcionarios que han prestado servicio durante mucho tiempo en la Guardia Civil, que presentan su currículo junto con el de otras personas, y con él y con las entrevistas que hace el cuerpo técnico de la Comunidad son elegidos", expuso el letrado.