(Libertad Digital) En una entrevista para La Mañana de la COPE, Nicolás López de Coca, que fue excluido de la investigación hace un año tras otros cinco de investigaciones, ha dicho que intenta "superar todo lo ocurrido" y "seguir en la brecha para que no vuelva a ocurrir". El ex director del Fondo de Garantía ha denunciado primero el comportamiento de José Bono, quien a su juicio "salió de cacería con la maquina de picar carne" para buscar a Loyola de Palacio en plena campaña electoral.
Según López de Coca, Bono "se unió a sus amigos" Baltasar Garzón y el fiscal Jiménez Villarejo para organizar un "lío de tal calibre" que obligara a la Unión Europea, ante las denuncias, a organizar una inspección. El nombre de los imputados en la instrucción de Garzón se conoció en plena campaña de las autonómicas de 2003. Pero López de Coca ha insistido en que los más perjudicados no han sido sólo los imputados, sino los agricultores, que han perdido millones de euros en subvenciones, y el cultivo del lino, que en el momento en que saltó el escándalo estaba en auge en nuestro país.
"Inexistencia completa de pruebas"
Tras insistir en que "Bono fue el organizador de la tramoya", López de Coca ha dicho que tras años de "no podernos mover" por estar imputados en las investigaciones de Garzón, "ahora empieza nuestra carrera jurídica" para reclamar por lo que han pasado en este tiempo. "A mí me destrozaron la vida", ha denunciado el ex director del Fondo Agrario antes de anunciar el inicio de "una batalla" para ver "quién nos repone" del "daño" que Garzón y Bono les han causado.
López de Coca ha dicho que "la justicia es tajante" en alusión a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la vista de la instrucción de Garzón. "Habla de inexistencia completa de pruebas", ha recordado De Coca, algo que es "terrible" después de ocho años. "Alguien tendrá que responder, es gravísimo", ha denunciado, al referirse a otras frases del documento que tachan de "absolutamente incompleta e ineficaz" el "conjunto de la actividad probatoria" y que la investigación, en todo caso, "nunca debió rebasar los límites del ámbito de inspección administrativa".